Monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada, hizo un dramático llamado a enfrentar la crisis de la minería ilegal en Crucitas sin demagogia y sin intereses políticos. El prelado urge la intervención de autoridades locales y nacionales, e instituciones públicas y privadas, para frenar el deterioro ambiental y poner fin a problemas sociales pocas veces incorporados a la discusión pública.
El obispo señala los daños ambientales, pero pide también considerar otras repercusiones de la minería ilegal, en particular, su efecto sobre las familias de la zona. La movilización de personas en busca de oro crea riesgos para la unidad familiar y las oportunidades percibidas por la población incitan a los jóvenes a desertar del sistema educativo, con consecuencias irreparables en muchos casos. Las circunstancias se prestan, asimismo, para manipular poblaciones en riesgo social. Entre estas últimas, monseñor cita, específicamente, a personas en condición de pobreza y pobreza extrema, así como a los migrantes.
La finca Vivoyet, de 805 hectáreas, es escenario de acciones violentas y plantea peligros para la vida misma de quienes acuden a ella en busca de riqueza. El Ministerio de Seguridad Pública advierte sobre la presencia del crimen organizado en la zona. Sus incursiones en los últimos meses también le han permitido constatar la dimensión social del problema y los retos para la Policía.
Según monseñor Garita, además de la extracción ilegal de oro, se habla de trata de personas y tráfico de drogas. “El tiempo pasa y, conforme avanza, se encuentra mayor deterioro ambiental, se descubren nuevos hechos al margen de la ley y el poco respeto a la vida humana”, relata.
El llamado del obispo no ha tenido la repercusión debida. La merece por dos motivos: primero, por el énfasis puesto en el drama humano, más allá o además de los daños ambientales, que son un grave problema, pero distan de ser el único. Junto con la ecología, sufren la familia, la juventud, los migrantes y los pobres. Segundo, aparte del énfasis en esa dimensión del problema, el clamor del obispo merece atención por su aspiración a superar la demagogia y los intereses políticos en aras de una solución duradera.
"Ya es hora de que, como país, pongamos a Crucitas en el orden de las prioridades, con soluciones reales, no pasajeras, sin demagogia y sin intereses políticos y económicos inmediatos, sobre todo, con claridad y apertura de mente, pues la familia humana se está destruyendo alrededor de lo que allí acontece”, dijo el obispo en su boletín semanal.
"Se habla de soluciones con el afán de detener los males que se han venido presentando y, sobre todo, en función de llevar desarrollo a la zona. Todo esto debe darse, por supuesto, pero poniendo a la persona humana como eje central”, manifestó con inequívoca insistencia en el bienestar de la población afectada. El clamor, añadió, es por "solidaridad hacia un pueblo que sufre”.
Es urgente responder a ese llamamiento desde todos los ámbitos señalados por el obispo: el Estado, el gobierno local y las instituciones públicas y privadas. El gobierno tiene conciencia de su papel. Así lo demuestra la visita conjunta a la zona de los ministros de Seguridad Pública, Michael Soto, y Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez. No se está ante un problema exclusivamente policial, como lo reconocieron ambos funcionarios al concluir la gira. Junto con la promesa de mano dura contra los coligalleros, los ministros ofrecieron un abordaje integral, pero eso fue poco después de asumir sus funciones en mayo del año pasado. Es hora de mostrar progreso.