En el Ministerio de Educación Pública (MEP), hay ocho jefaturas sin subalternos. La remuneración de esos funcionarios responde a responsabilidades inexistentes. Y no es poca cosa. La institución paga ¢158,4 millones al año solo en salarios, además de beneficios y cargas sociales. Otros cinco jerarcas apenas tienen una persona a cargo, pero jefe es jefe a la hora de cobrar el sueldo. Cuatro altos funcionarios tienen dos subalternos y otros cinco supervisan a tres cada uno. Ocho departamentos, con todo y jefe, solo tienen cinco funcionarios.
El Ministerio admite la existencia del problema, tanto que en marzo del 2015 el Departamento de Planificación Institucional emitió una circular para resolverlo. Los buenos propósitos fueron ignorados por completo, quizá por falta de un jefe que se hiciera cargo de ponerlos en práctica.
El fenómeno no es exclusivo del Ministerio de Educación. En toda la Administración Pública, sucesivas reorganizaciones dejan cabos sin atar, y como los sistemas están diseñados para perpetuar beneficios individuales en lugar de procurar los colectivos, las jerarquías se mantienen aunque se extingan las funciones. De hecho, las jefaturas sin subalternos carecen, también, de evaluación del desempeño, quizá porque nada se espera de ellas. Tenían un propósito en el momento de su creación, pero dejaron de tenerlo y ahora solo queda un renglón en la planilla.
Nada de lo dicho implica que un departamento bien aprovisionado garantice la gestión exitosa. Para muestra, un botón. La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP debería hacerse cargo de los procesos ordinarios de construcción, pero no lo logra a pesar de contar con personal.
La ineficacia obliga al Ministerio a recurrir a contrataciones abreviadas, diseñadas para obras menores. La solución sacrifica los controles necesarios y, a menudo, el resultado incluye sobreprecios, retrasos y trabajos defectuosos. El año pasado, solo nueve de 184 proyectos se hicieron por la vía ordinaria. Los otros 175 fueron objeto de contrataciones abreviadas. El Instituto de Alajuela, valorado en ¢3.786 millones, se hará mediante un proceso de esa naturaleza, como si fuera cualquier cosa.
En suma, el DIEE no ejecuta las contrataciones ordinarias ni garantiza el resultado óptimo de las abreviadas. Ni siquiera consigue remediar las deficiencias de los 662 centros educativos con órdenes sanitarias pendientes por deterioro de la infraestructura, mal estado o insuficiencia de los servicios sanitarios y mala disposición de aguas negras, entre otros problemas.
El Ministerio de Educación es una de las instituciones más grandes de Centroamérica. Su estructura y gobierno a menudo ponen los intereses de la administración por encima de las necesidades de la comunidad y los educandos. Por eso, las estructuras anquilosadas, sean ineficaces, como el DIEE, o absurdas, como las jefaturas sin subalternos, subsisten sin perturbaciones, pese al evidente perjuicio para los fines institucionales. El país decidió dedicar el 8 % del producto interno bruto a la educación. Urge saber cuánto de ese presupuesto se desperdicia y cómo podría ser mejor aprovechado.
El nuevo ministro, Édgar Mora, reiteró la orden de revisar la estructura institucional. El funcionario “fue muy enfático” al girar la instrucción, dice Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos. Ojalá en esta ocasión se cumpla.
