La Policía de Tránsito necesita por lo menos mil agentes “operativos” para atender accidentes, hacer labores de prevención y regular la circulación en vías colapsadas, afirma Osvaldo Miranda, director del departamento. Cuando dice “operativos”, quiere decir incorporados a la vigilancia de las vías, no asignados a labores de escritorio u otras funciones. Por lo pronto, solo hay 665, y si se excluye a los agentes dedicados a labores administrativas, apenas quedan 126 para vigilar todo el territorio en cada turno de ocho horas.
Aunque se logre incorporar los 50 o 60 oficiales esperados por Miranda para el año entrante, el cuerpo policial apenas tendría 725 en total. El número contrasta con los 1.034 del 2014, cuando el parque vehicular era de 1,3 millones de vehículos, 400.000 menos que en la actualidad, según los datos de cobro de marchamo del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Según el propio director, las nuevas incorporaciones reemplazarán a los pensionados o los trasladados a otras funciones, pero esa predicción es demasiado optimista si se considera el abismo creado en nueve años. El departamento espera las cinco o seis decenas de nuevos oficiales desde hace dos años y su contratación se ha venido posponiendo.
La Unión Nacional de Oficiales de Tránsito y Afines (Unaotraa) dio a conocer, en junio, un estudio de los 694 agentes disponibles en ese momento. Había 115 en puestos de jefatura, 90 fungían como oficiales de guardia, 43 estaban asignados a la central de comunicaciones, armería y otras dependencias, y 446 trabajaban en las vías.
Cuando los policías de tránsito eran muchos más y los vehículos muchos menos, la necesidad de contar con mayor número de oficiales ya se hacía sentir. Por eso la ley de tránsito permite capacitar e investir como agentes de tránsito a miembros de otros cuerpos, como los policías municipales y la Fuerza Pública. Los programas de entrenamiento se han ofrecido esporádicamente, pero poco se informa de los resultados. Hay un puñado de municipalidades con policías propias y, cuando cumplen funciones de tránsito, se concentran en los partes.
También se ha intentado llenar el vacío mediante la vigilancia electrónica. En todo el mundo, las cámaras sirven para evitar transgresiones, pero, en el nuestro, ningún intento de introducirlas ha dado frutos. Periódicamente, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) anuncia su intención de retomar la idea, como lo hizo en enero del 2017, aunque pasados seis años ninguna se ha estrenado. Las cámaras no pueden sustituir a los policías, pero complementan su labor y la hacen más eficaz.
Quizá el mejor indicador del impacto de la reducción del número de oficiales sea la cantidad de infracciones levantadas en las vías. En el 2018, hubo 460.327 y, este año, ya entrados en noviembre, apenas hay 374.546, pese al creciente número de vehículos y el relativo olvido de las duras sanciones establecidas en su momento por la nueva ley de tránsito. El olvido es producto, también, de la baja probabilidad de ser sancionado porque no hay quien observe la violación de la ley y redacte la boleta.
Los accidentes, por otra parte, no pueden ser obviados y su atención consume mucho tiempo de los oficiales. El escaso número de policías en ocasiones les impide arribar con prontitud al lugar del accidente. A menudo tardan hasta dos horas y media, y todavía más en zonas alejadas.
Según Joselito Ureña, secretario general de Unaotraa, en la delegación de San José, donde más recursos se concentran, hay un máximo de 15 oficiales al día y atienden zonas del casco central, Acosta, Puriscal, Desamparados, Goicoechea y Coronado, entre otras. En esas condiciones, prácticamente no existen posibilidades de ejecutar operativos de prevención y control, y si acaso logran atender las colisiones.
