“El temor a que la mala información y la desinformación políticamente dirigida amenazara la libertad del debate democrático en uno de los Estados latinoamericanos tradicionalmente más estables motivó al principal periódico costarricense, La Nación, a lanzar el 3 de enero una iniciativa propia para detectar y desmentir las falsas noticias y la falsa información”, dice un reportaje de la BBC londinense titulado “Don’t be fooled-busting fake news in Costa Rica” (“No coma cuento-desbaratando las falsas noticias en Costa Rica”).
Que una de las firmas cumbre del periodismo mundial diera esa consideración a nuestro proyecto, debemos confesarlo, es motivo de orgullo, pero también indica la gravedad del problema planteado por la Internet y las redes sociales, junto a sus innegables beneficios para la humanidad. El fenómeno se da en todas partes, incluida nuestra pequeña democracia desarmada, y en todas partes preocupa por sus efectos dañinos sobre la libertad y la convivencia en paz.
Bien lo saben los británicos, cuyo referendo sobre el retiro de la Unión Europea estuvo bajo constante asedio digital. El brexit fue el antecesor de lo sucedido en las elecciones francesas y alemanas, en la crisis independentista catalana y en otros procesos electorales europeos. Entre el voto británico y los comicios del Viejo Continente, donde el populismo nutrió sus filas con informaciones falsas, el mundo contempló el espectáculo de las elecciones estadounidenses, donde el papel de las manipulaciones informativas permanece bajo investigación.
Enfrentar el fenómeno es difícil, sobre todo en países donde existe preocupación por la libertad de expresión, uno de los más altos valores democráticos. Ningún medio para combatir la desinformación es aceptable si incluye cortapisas a ese derecho humano, fundamental e indispensable.
Quizá por eso el equipo de 39 expertos integrado en enero por la comisaria europea de agenda digital, la búlgara Mariya Gabriel, recomendó incentivar a la prensa formal y ejecutar programas educativos en lugar de castigar a los difusores de informaciones falsas en medios digitales. El rechazo a las medidas punitivas no impidió a los estudiosos señalar la importancia del problema y sus efectos distorsionadores de los procesos políticos democráticos.
La gravedad de la amenaza no es desconocida para la población europea. Una encuesta telefónica con 26.000 personas en todo el continente reveló que el 83 % considera las noticias falsas como un peligro para la democracia. Sin embargo, en línea con las conclusiones de los expertos, la Comisión Europea no está lista para proponer soluciones legislativas con alcance continental.
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Las exhortaciones de Julian King, comisario europeo de seguridad, de varios gobiernos y de un significativo número de eurodiputados empeñados en proteger la Unión con ayuda de legislación punitiva, parecen destinadas, por lo pronto, al fracaso. Si un masivo esfuerzo educativo y constantes campañas de concientización lograran el efecto deseado, la solución sería muy superior, sobre todo por la falta de riesgo para otros valores esenciales.
En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones, en conjunto con el Ministerio de Educación y los docentes, podría hacer una labor extraordinaria, no solo para proteger a los ciudadanos y a los procesos democráticos, sino, también, para avivar el civismo entre escolares y colegiales. Por nuestra parte, los medios de comunicación estamos llamados a dar la pelea. Durante el reciente proceso electoral, La Nación procuró hacerlo mediante el proyecto #NoComaCuento, que se mantendrá más allá del periodo electoral, pero estamos dispuestos a hacer más.
