EscucharEl Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende aumentar la cantidad de adhesiones requeridas para inscribir un partido político. Es un paso en buena dirección, pero, en consonancia con los propósitos del proyecto, es preciso establecer requisitos para la permanencia de las agrupaciones inscritas.
En Costa Rica es muy fácil inscribir un partido político y casi imposible ponerle fin. Es la receta perfecta para la dispersión, el ruido electoral y la práctica de las agrupaciones “taxi”, estacionadas en espera de un candidato necesitado de vehículo y capaz de darles relevancia, no importa si efímera, y llevar a sus creadores a la Asamblea Legislativa o algún otro cargo de elección popular.
La propuesta socialcristiana elevaría el número de firmas necesarias para inscribir un partido. En la actualidad, el Código Electoral exige 3.000 firmas para inscribirlos a escala nacional, 1.000 en el caso de las agrupaciones provinciales y 500 para las cantonales. Esas 500 firmas representan solo el 0,2% de los electores en el cantón central de San José pero el 10% de los votantes de Turrubares.
La idea del diputado socialcristiano Carlos Felipe García es abandonar los números absolutos de la legislación actual para darle al requisito proporcionalidad con los habitantes de cantones y provincias, para el caso de agrupaciones con aspiraciones de esa escala. Los partidos de ámbito nacional necesitarían el respaldo de un 0,5% del padrón, es decir, algo más de 17.500 firmas en la actualidad.
Siguiendo la misma lógica, es razonable establecer un mínimo de apoyo electoral para conservar la inscripción. En las elecciones del 2020, un total de 27 partidos (19 a escala nacional y 8 con aspiraciones provinciales) quedaron por debajo del número de preferencias requeridas para cobrar deuda política. Las dos agrupaciones más votadas del grupo de 27 obtuvieron el 1,3% y el 1% de los sufragios. Los otros 25 partidos compartieron menos del 6% de las preferencias y una docena ni siquiera llegó al 0,5% que los socialcristianos piensan exigir para inscribir una agrupación nacional. Si no pueden nacer con el apoyo obtenido en las urnas, ¿debería bastarles para seguir existiendo? Es difícil responder afirmativamente y al mismo tiempo respaldar la reforma planteada.
Ahora bien, si la ley fija un mínimo de apoyo en las urnas para permanecer inscrito, con mayor razón exigirá la participación electoral. El respaldo debe ser sometido a prueba so pena de permitir la existencia de los partidos “taxi”, tan abundantes en la política de este siglo, con resultados poco felices.
La proliferación y continuidad de partidos oportunistas, sin programa ni ideología, carentes de organización y presencia entre justas electorales y, en algunos casos, ni siquiera durante los comicios, crea confusión, incrementa la complejidad de los procesos electorales y abre oportunidades para las maniobras electoreras. Costa Rica necesita lo contrario. La crisis política de la actualidad se relaciona con el debilitamiento de los partidos. Los “taxis” son, en demasiadas oportunidades, un negocio o una apuesta. No enriquecen el pluralismo ni hacen aportes significativos al debate público. Otras democracias lo comprenden y aprueban normas para ponerles límite.
Si a la fácil inscripción y permanencia de los partidos añadimos la doble postulación y las reglas de la deuda política, tanto más atractiva la oportunidad de probar suerte en la lotería electoral. Aplaudimos la voluntad de legislar para reducir los excesos, pero vale la pena un esfuerzo de mayor alcance.
