La pandemia de la covid-19 plantea serios retos al sistema de salud costarricense y nuestras autoridades han respondido con rapidez y eficacia. La prioridad es salvar vidas siguiendo las mejores prácticas médicas, aunque eso obligue a incurrir en costos, algunos elevados, imposibles de calcular meses atrás. Pero el coronavirus también ha hecho estragos en el campo macroeconómico. Obliga a aislar a las personas, cerrar buena cantidad de empresas y reducir la actividad de otras, lo cual aumenta el desempleo, de cualquier forma alto antes del azote de la pandemia. También fuerza la reducción de jornadas laborales y el recorte de remuneraciones en el sector privado, no así en el público.
La rebaja de los salarios tiene efectos inmediatos en los ingresos de la Caja Costarricense de Seguro Social, que son función directa de esos pagos. En consecuencia, el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) resultarán perjudicados cuanto más se prolongue la pandemia, pero el efecto no es el mismo en los dos casos.
En las últimas semanas, Enfermedad y Maternidad hizo frente a nuevas erogaciones impuestas por la covid-19. No sabemos cuál será el comportamiento de esas erogaciones, pero las medidas de aislamiento podrían ayudar a contenerlas. El caso del IVM es diferente y conviene analizarlo con detalle.
Un régimen como el IVM puede ser de reserva, en el cual tres partes (trabajador, patrono y Estado) pagan una cuota (o prima) en función del valor presente del beneficio esperado por pensión. También puede ser de reparto (conocido internacionalmente como pay-as-you-go) en el que las primas pagan las pensiones de los actuales jubilados. Las contribuciones del 2020, por ejemplo, son suficientes para pagar las pensiones otorgadas por la CCSS en el 2020 más el costo de administración del sistema.
Un plan de reparto funciona bien cuando la población asegurada es mucha en relación con la pensionada, mientras el sistema esté en crecimiento y pocos trabajadores califiquen para la pensión. Pero en regímenes maduros, cuando la pirámide poblacional cambia, la esperanza de vida crece y la proporción de trabajadores activos con respecto a los pensionados cae sustancialmente, podría darse una inequidad intergeneracional, pues los jóvenes contribuyen mucho para sostener a una vasta población de pensionados que, además, esperan vivir muchos años. En Costa Rica, el IVM es una mezcla de régimen de reparto y de reserva.
En principio, si la pandemia del SARS-CoV-2 reduce el nivel de empleo, no debería afectar en nada un régimen de reserva porque las menos contribuciones (primas) se corresponden con menos compromisos futuros. Es como si un asegurado olvidara pagar la prima trimestral del seguro de su auto: no pagó, pero tampoco recibirá indemnización en caso de accidente.
Pero mientras el IVM tenga un componente de reparto, la baja en la recaudación en determinado período sí golpeará las finanzas porque los compromisos con los pensionados se mantienen igual. Un faltante (“hueco”) hasta de ¢417.000 millones (equivalente a 1,05 % del PIB), como proyectan los técnicos de la Caja, es muy significativo, ya que se suma a los problemas de un régimen que venía mostrando debilidades antes de la aparición de la neumonía por coronavirus. Por otra parte, el Gobierno Central difícilmente tendrá capacidad para socorrer a la CCSS si entra en problemas porque sus finanzas son débiles desde hace muchos años y la emergencia de salud pública las deteriorará más.
La suma de males macroeconómicos que acompañan a la covid-19 —reducción en la actividad económica, posible recesión, aumento del desempleo, el gasto público, el déficit, el endeudamiento del gobierno y la carga de intereses— obliga a reformular, cuando todo vuelva a la normalidad, las prioridades de gasto del sector público, definidas allá por setiembre del año pasado, cuando el entorno previsible en el 2020 era otro.
