El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, adelanta conversaciones con la banca internacional de desarrollo para financiar un ambicioso programa de modernización tecnológica para combatir la evasión fiscal en todas sus modalidades y mejorar la calidad del gasto, incluido el manejo de la deuda pública.
La inversión es cuantiosa, especialmente en tiempos de estrechez presupuestaria, pero el retorno es mayor. Ojalá la Asamblea Legislativa lo comprenda y se apresure a aprobar los empréstitos para financiar la inversión anual de $50 millones a lo largo de los próximos cinco años.
Los sistemas informáticos de Hacienda son obsoletos y lo dice sin tapujos una autoridad de la talla de Alicia Avendaño, por fortuna trasladada a esa cartera, donde hizo valiosas contribuciones en el pasado. Quizá la más notable fue el TICA (Tecnología de Información para el Control Aduanero), sistema adelantado para su época, pero necesitado de urgente reemplazo luego de 14 años de servicio.
Lo sucedido en su momento al TICA es presagio de los obstáculos que Chaves podría encontrar para su plan de digitalización. La oposición a los controles impuestos por el sistema aduanero fue intensa, y Avendaño se constituyó en pararrayos de la ira de los sectores afectados. La resistencia al cambio y la fiscalización no es exclusiva del sector privado. El Estado todavía no consigue un verdadero sistema unificado de compras públicas, pese a años de intentos, con todo y leyes aprobadas para imponer un calendario y vehementes llamados del Poder Ejecutivo, plasmados también en decretos, durante el gobierno de Laura Chinchilla.
Todavía hay grandes ejecutores de compras públicas fuera del sistema, no obstante un historial de anomalías en esas mismas instituciones. El mejor ejemplo es la Caja Costarricense de Seguro Social, donde los escándalos de proveeduría han sido tan grandes como la resistencia a integrarse a la plataforma unificada.
Chaves también necesitará el respaldo del Congreso, el propio gobierno y la sociedad para imponerse a las corrientes contrarias al cambio. El control riguroso es ganancia para la mayor parte de los contribuyentes. Los asalariados, cuyos ingresos figuran con claridad en planilla, sienten justa indignación cuando otros, como buena parte de los profesionales liberales, evitan cumplir su parte del pacto social. Lo mismo puede decirse del comerciante responsable cuando compite con el contrabando o de la empresa cumplidora cuando otras evaden sus obligaciones.
Los controles solo tienen costo para los evasores y es justo cobrárselos sin excepciones. La digitalización del Ministerio de Hacienda es, en este aspecto, una medida de justicia y una niveladora de las condiciones del mercado, aparte de su más obvia contribución a la equidad social y la estabilidad de las finanzas públicas.
El diputado Wagner Jiménez, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, ya adelantó su apoyo al empréstito en tanto venga acompañado de proyecciones del retorno esperado. “La obsolescencia de los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda conduce a la evasión y el fraude fiscal. La modernización es una tarea impostergable”, afirma el legislador empeñado en impulsar el Gobierno Digital.
Además del control, el ministro Chaves espera facilitar el pago de impuestos mediante las plataformas electrónicas. La digitalización de Hacienda es también un servicio. Como bien dice el funcionario: “Es una obligación del Estado que el pago de impuestos sea lo más fácil posible”.
