Al estallar, el artefacto rompió los vidrios de una ventana del despacho de la diputada Zoila Rosa Volio, la madrugada del miércoles. Nada más. Es un ataque estúpido, con insignificantes daños materiales y ninguna consecuencia personal. Ni siquiera viene acompañado de una “reivindicación”, como se ha dado en llamar a las ilegítimas exigencias de los terroristas.
No obstante, es terrorismo sin importar su modesta escala y el evidente desequilibrio mental de sus perpetradores. Es necesario tratarlo como tal porque algún día un desajustado podría causar daños mayores. La respuesta policial a la tontería del miércoles debe ser conducida con absoluta seriedad porque indicará a propios y extraños hasta dónde está dispuesto a llegar el país para defender su pacífica democracia.
Tampoco tuvo consecuencias en la Casa Presidencial, donde un grupo de manifestantes forzó un portón, lanzó piedras e hizo estallar un cabo de dinamita. Ante la amenaza a la sede del gobierno, la Fuerza Pública respondió con extraordinaria mesura. En ningún otro país, habría sucedido lo mismo.
Los daños fueron pocos y el poder del explosivo muy limitado, aunque en las circunstancias pudo haber heridos. Sin embargo, la investigación debe ser igualmente intensa para identificar y sancionar a los responsables. Se trata de un grupo reducido de integrantes de una manifestación de pescadores mucho más numerosa. Los verdaderamente decididos a ejercer el derecho a manifestarse de manera pacífica tomaron distancia cuando los exaltados iniciaron el forcejeo.
La violencia exige respuestas decididas y contundentes. Ninguna agresión es insignificante y en todas existe la semilla de un mal mayor. La inmediata reacción del presidente, Carlos Alvarado, para advertir sobre la esterilidad de amenazas y agresiones para abordar los problemas políticos y económicos debe traducirse en acciones concretas. Todo diálogo futuro debe partir de la exclusión de los actores violentos y producirse en el marco de condiciones establecidas para asegurar la tranquilidad, de la cual los interesados, en este caso los pescadores, también deben ser garantes.
Es imprescindible evitar toda confusión sobre las motivaciones del posible diálogo. En ningún momento se debe correr el riesgo de permitir a los agresores imaginar siquiera un grado de influencia de sus espurias acciones sobre la disposición a conversar y encontrar soluciones.
El ejemplo de lo sucedido el martes en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) marca la ruta. Un grupo de personas ingresó a la fuerza a la sede de la entidad, en San José, para exigir el fin de la intervención iniciada por la administración Solís en febrero del 2017 con el propósito de investigar presuntas irregularidades. Poco después de la invasión de las oficinas, el Consejo de Gobierno prorrogó la medida hasta el 30 de noviembre.
Por su parte, los conductores de tráileres empeñados en entorpecer la circulación ya han tenido oportunidad de hacerse sentir. Es hora de cobrar las multas dispuestas por ley para estas circunstancias. Las carreteras no deben estar a expensas de las medidas de fuerza de un grupo de conductores.
La sucesión de incidentes coincide con una campaña de promoción de la violencia y hasta un absurdo llamado, en las redes sociales, a dar “un golpe de Estado”. La estupidez de la incitación no elimina la perversidad de sus intenciones. Existe la pretensión de crear un clima de inestabilidad y debemos tomarla en serio para garantizar que nunca llegue a representar una verdadera amenaza. En suma, no debemos reparar en la ridiculez e ineficacia de los actos violentos de los últimos días, sino en la maldad de sus propósitos.
