La acción transcurre en un país sin nombre, gobernado por un dictador que tampoco lo tiene, aunque sabemos que fue inspirado por Rafael Estrada Cabrera, presidente de Guatemala entre 1898 y 1920. Más que un personaje, es una presencia esquiva, ensimismada, enigmática, insensible, fantasmal y abstraída de su entorno, en el que imperan la crueldad, la postración y la miseria, y con el cual apenas tiene una tenue forma de contacto: el tenebroso y servil Cara de Ángel.
Si algo sobra en ese territorio alienado del mundo, son los elogios para el dictador, que se exacerban el día de la Fiesta Nacional, como relata un narrador-cronista tan impersonal como lo es su protagonista: “¡Señor, Señor, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria! El presidente se dejaba ver, agradecido con el pueblo que así correspondía a sus desvelos, aislado de todos, muy lejos, en el grupo de sus íntimos”.
Desde su publicación en 1946, los ecos de El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, destilado ejemplo del género conocido como “la novela de la dictadura”, no dejan de resonar a lo largo y ancho de América Latina. Hoy, sin embargo, su fuerza se acrecienta y su naturaleza prácticamente se mimetiza en Nicaragua. Allí, el dictador, del cual sí sabemos su nombre, también se sumerge en un primitivismo frío y cruel, encerrado en sí mismo, desvinculado de la realidad y del pueblo, y parapetado tras murallas simbólicas y físicas: como el personaje de Asturias, “aislado de todos, muy lejos, en el grupo de sus íntimos”. Y lo que Cara de Ángel es para este en la novela, Rosario Murillo lo es para Daniel Ortega en la realidad nicaragüense, pero potenciada: vicepresidenta, esposa y virtual médium para convocar ideas y alimentar desatinos.
La cadena de atrocidades y desvaríos en la que el régimen Ortega-Murillo se precipitó, sobre todo, a partir de las masivas protestas del 2018, cada vez adquiere nuevos matices. Los peores, de sobra conocidos, son la represión, la eliminación física o legal de sus adversarios políticos, la prohibición de organizaciones independientes, la persecución de la Iglesia católica, el cierre de medios de comunicación, el ahogo de centros académicos, la corrupción y el desdén por el bienestar de su empobrecido pueblo.
A lo anterior se suma, con celeridad, otra modalidad digna de El señor presidente: un aislamiento internacional deliberado, que cada vez aleja más a Nicaragua de un conjunto de países y organizaciones claves para su supervivencia económica y sus maniobras diplomáticas.
La pasada semana Ortega rompió relaciones con los Países Bajos; expulsó expeditamente, y sin seguir consideraciones diplomáticas elementales, a la embajadora de la Unión Europea (UE), Bettina Muscheidt, y reiteró que el nuevo embajador designado por Estados Unidos, Hugo Rodríguez, no será admitido en Nicaragua. En todos los casos, actuó como represalia ante las justificadas críticas que todas esas instancias o personas formulan contra su dictadura, en un despliegue de falso orgullo nacional frente a los “injerencistas”, pero que, en realidad, es una muestra de total intolerancia y, más aún, de miopía.
Los Países Bajos han sido generosos proveedores de cooperación a lo largo de los años; la UE le ha servido de frecuente balance ante Estados Unidos, y la importancia de este país es clave para Nicaragua, por ser el principal mercado de sus exportaciones y una de las fuentes más cuantiosas de inversiones privadas. Al enfrentarlos de manera tan burda, no hará sino empeorar la situación del país, debilitar las bases de su régimen.
Estas acciones estuvieron precedidas, meses atrás, por la expulsión del nuncio apostólico, Waldemar S. Sommertag, y del delegado residente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Thomas Ess, así como del anunciado retiro de la Organización de los Estados Americanos y el cierre de su oficina en Managua.
De este modo, la insularidad política y el oscurantismo de Nicaragua son cada vez mayores; sus muros, más altos y agobiantes. Lo más anómalo es que todo esto ocurre por decisión del dictador, no de sus pares internacionales, que si de algo han pecado es de falta de represalias enérgicas a la dictadura. Es hora de que revisen esta actitud e impongan costos mucho más elevados a Ortega y su régimen.
