Editorial: El peligro de la ambigüedad

“Democratizar” es un verbo utilizado con demasiada frecuencia para velar actos alejados de las prácticas democráticas. Por ejemplo, en agosto del 2011, a instancia del presidente Hugo Chávez, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un millonario desembolso para “democratizar los medios de comunicación”. Pocos años después, en Venezuela dejaron de existir los medios independientes. La “democratización” resultó en un coro de voces con un solo mensaje de apoyo al gobierno autoritario.

En el 2009, Chávez había respondido a las protestas por el cierre de 32 emisoras de radio y televisión con una frase burlona: “Hoy chillan porque estamos democratizando los medios y asegurando la libertad de expresión”. A finales del año siguiente, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión preparó el terreno para dar el tiro de gracia a la libertad de expresión en los medios electrónicos con severas regulaciones a la publicidad, programación y renovación de concesiones.

El artículo primero de la ley dice procurar, en cuanto a los medios de comunicación, “fomentar el equilibrio democrático entre sus deberes, derechos e intereses a los fines de promover la justicia social y de contribuir a la formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, los derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social y económico”. En ningún estribillo de estos cantos de sirena dejan de aparecer las palabras “democracia”, “democrático” o “democratización”.

En Ecuador, el presidente autoritario Rafael Correa prohibió a los empresarios invertir en la prensa. Su objetivo, dijo, era “democratizar los medios”. “Si son industriales, que inviertan en industrias; si son banqueros, que inviertan en finanzas y no en poner medios de comunicación”. Como es evidente, si los particulares no pueden establecer medios, salvo que abandonen sus otras actividades económicas, la tarea queda exclusivamente en manos del Estado.

En Argentina, la presidenta populista Cristina Fernández declaró el papel periódico un producto de “interés público” y le fijó un precio único para “democratizar los medios” y asegurar a “los pequeños y medianos empresarios del interior… igualdad de condiciones de acceso a un insumo básico”. Pero el control del papel le proporcionó a la mandataria un férreo control sobre los periódicos, en especial, los más pequeños y provincianos.

El mismo método de “democratización” aplicó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México durante sus 70 años de dominio absoluto. Ahora, Andrés Manuel López Obrador, del mismo corte de populismo, insiste en promover legislación para “democratizar” los medios y no se detiene ahí, porque también aboga por “democratizar” el Poder Judicial, que ha sido obstáculo para sus excesos.

En febrero del 2007, a un mes de inaugurada la presidencia de Daniel Ortega, su esposa, Rosario Murillo, hoy vicepresidenta y entonces directora de comunicación, se fijó la meta de encontrar formas de publicar noticias “incontaminadas” por los medios de comunicación críticos y señaló el papel de la publicidad estatal en la concreción del objetivo. No tardó en centralizar los presupuestos publicitarios de todos los ministerios, siempre en nombre de la democracia.

Costa Rica es distinta, dirán muchos. Cierto, pero para mantenerla así debemos ser celosos de las libertades indispensables en una verdadera democracia. Cuando menos, los ejemplos extraídos de todos los rincones del continente demuestran la necesidad de ejercer cautela frente a las propuestas apuntaladas por una retórica capaz de esconder propósitos radicalmente distintos, a la manera de las obras de George Orwell. El Ministerio de la Verdad, en la novela 1984, se encargaba de difundir las mentiras útiles para afianzar el dominio del Gran Hermano.