La Corte Suprema de Justicia de Israel puso freno el lunes a la iniciativa más peligrosa para su democracia emprendida por un gobierno desde la creación del Estado. Su decisión, ejemplar en cualquier momento, lo fue sobre todo en medio de una guerra. Con ella, mantuvo incólume la integridad del Poder Judicial y la separación de poderes frente a los ímpetus de autoritarismo e impunidad del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su gobierno, que también bate otro dudoso récord: ser el más extremista de la historia.
Su acción se produjo mediante dos votaciones consecutivas. En la más puntual anuló una ley, aprobada en julio del pasado año, que habría impedido a la Corte y otros tribunales frenar decisiones ministeriales que consideren “irrazonables”. Se trata de aquellas que violen principios básicos o que no consideraren todos los factores relevantes de una situación, no ponderen adecuadamente cada uno de ellos u otorguen un peso excesivo a los menos relevantes.
El rechazo de esta legislación específica contó con una estrecha mayoría de 8 de los 15 magistrados. El apoyo, sin embargo, subió a 12 en otra resolución mucho más trascendente, por su amplio espectro y el precedente que establece. De acuerdo con ella, la Corte tiene el poder de anular cambios en las “leyes básicas” del país —que tienen un carácter casi constitucional— en “casos raros y extremos”, en que el Knéset (parlamento) haya “sobrepasado sus poderes constitucionales”. Las modificaciones parlamentarias a esas disposiciones solo serán válidas si cuentan con una mayoría calificada, algo sumamente difícil con la gran fragmentación partidaria de Israel.
Como era de esperarse, el gobierno, en particular su intransigente ministro de Justicia, Yariv Levin, censuró con dureza la decisión, e incluso trató de presentarla como un elemento “divisorio” de la sociedad, en medio de su desafío bélico. Lo que omitió decir fue que la división, sin duda real, precede a la guerra con el grupo terrorista Hamás y fue creada en el momento en que Netanyahu, a pesar de su mayoría apenas milimétrica, pretendió alterar el balance de los poderes nacionales. Es decir, tal como expresó con claridad Yair Lapid, líder del principal partido opositor, lo que la Corte Suprema ha hecho es “cumplir fielmente con su rol en la protección de los ciudadanos de Israel”.
La legislación anulada fue una de tres iniciativas presentadas por Levin en el primer semestre del 2023. Las otras dos pretendían dar al gobierno la potestad de nombrar a los jueces, incluso a los más altos magistrados, así como eliminar el requisito de que los ministros cumplan con los dictámenes de sus asesores legales, nombrados con criterios estrictamente profesionales.
Este intento de virtual asalto al poder judicial produjo las mayores y más heterogéneas manifestaciones de protesta vividas por Israel en su historia (otro récord superado) y produjo una honda fractura política y social. Este vibrante rechazo, que condujo a una virtual parálisis del país, hizo que, en lugar de impulsar en el Parlamento las tres piezas de legislación, el gobierno solo optara por una de ellas, que fue la anulada el lunes por la Corte Suprema.
Para nadie es un secreto que, además de los arrestos autoritarios característicos del primer ministro y gran cantidad de miembros de su coalición gobernante, una de las razones tras su intento de imponerse sobre el Poder Judicial es dislocar las acusaciones de corrupción que enfrenta Netanyahu, es decir, generar impunidad. Este proceso ha seguido su curso gracias, precisamente, a la independencia de los tribunales y ahora podrá continuar su curso para nada fácil en cualquier circunstancia.
El gobierno ha dicho que no tomará más iniciativas de reformas judiciales mientras el país esté envuelto en el conflicto bélico. No basta con esto. Lo que debe hacer es dejar atrás del todo su intento por erosionar, a la medida de sus miembros, la democracia israelí. Netanyahu, más impopular que nunca, carece del músculo político para mantener la iniciativa; incluso, para seguir en el poder de manera funcional. Por esto, la siguiente medida, terminada la guerra, debería ser la convocatoria a elecciones.
