La presunción de inocencia y todas las garantías del proceso penal asisten al expresidente Óscar Arias frente a la denuncia por violación interpuesta en su contra. Nadie lo discute, pero a la denunciante también le asiste el derecho a ser escuchada y presentar las pruebas del caso sin ser objeto de ataques o infundados cuestionamientos.
En todo el mundo, y en nuestra sociedad en particular, la mujer se ha visto sometida a situaciones de subordinación y abuso, complementadas por la imposición del silencio como medio para evitar el escándalo, el escarnio y hasta el ostracismo. El temor a denunciar se funda en razones obvias, construidas y preservadas a lo largo de la historia. Todos las conocemos y huelga inventariarlas.
Es hora de promover el cambio y abrir espacio para la denuncia seria. La reacción frente a esas acusaciones no debe ser la segunda y casi automática victimización. El mismo llamado a la cautela a partir de la presunción de inocencia debe resonar, en estos casos, en relación con la denunciante y la protección de sus derechos.
Conocida la denuncia contra el expresidente, el Partido Liberación Nacional fue escenario de dos reacciones contrastantes. El nuevo presidente de la agrupación, Guillermo Constenla, señaló los sacrificios de la política, donde muchas veces se acusa sin fundamento. La frase induce a pensar en la posibilidad de una trama propia de las dramáticas luchas por el poder, pero la hipótesis no encuentra asidero en los hechos conocidos hasta el momento de las declaraciones del alto dirigente liberacionista.
Sobra señalar que, de igual forma, muchas veces se acusa con fundamento y optar por la perspectiva contraria revela más que una tendencia a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Algo dice, también, de una forma de pensar sobre la desigualdad y la violencia de género. Algo dice sobre la consideración debida a quien demuestra la valentía de denunciar, con pleno conocimiento de las consecuencias posibles.
Nuestra sociedad no puede darse el lujo de seguir imponiendo el silencio o de castigar a quien lo rompa. Por eso es mucho más acertada la reacción del jefe de fracción liberacionista, Carlos Ricardo Benavides: “Es una denuncia seria y debe tratarse con la misma seriedad en los tribunales de justicia”. Acto seguido, el diputado llamó al Parlamento a respetar el trámite judicial.
Sin anticipar conclusiones sobre los cargos planteados contra el expresidente en la Fiscalía Adjunta de Género del Ministerio Público, Benavides pidió la debida consideración para la denuncia y la denunciante. No hay en sus palabras insinuación de inconfesables intrigas e intenciones. Ese es el ambiente propicio para levantar la histórica represión de la denuncia.
Si bien en ocasiones se acusa sin fundamento, como dice Constenla, son incontables las oportunidades en que no se denuncia. Mientras haya razones para que una mujer prefiera el silencio a la expresión de un agravio tan doloroso y traumático, la sociedad seguirá acumulando una deuda con las víctimas de conductas tan inadmisibles como epidémicas.
La guerra desatada contra las mujeres desde tiempos inmemoriales debe cesar en la casa, la oficina, la calle y cualquier otro sitio. Si la ley y la administración de justicia no sirven para eso, son inútiles para la mitad de la población y eso es impensable en una sociedad democrática. La ley y los tribunales están a disposición, es hora de poner fin a las barreras que impiden el acceso a ellos. Lograr ese objetivo es tan importante como asegurar el respeto a las normas del debido proceso.
