Cinco módulos para unos 5.100 privados de libertad, con controles reforzados, apuntan en la dirección correcta, al menos en lo que a infraestructura se refiere. Justicia calcula que la sobrepoblación, hoy en 59%, bajaría a cerca de 15% cuando el Cacco esté ocupado por completo.
El Cacco responde a una necesidad real de impedir que las estructuras criminales sigan coordinando delitos desde la cárcel, como lo ha planteado el ministro de Justicia. Pero, en esa cadena, hay muchos eslabones, y ninguno funciona de manera autónoma. Sin policías con patrullas para detener, investigadores para recabar la prueba, jueces para procesar y, sobre todo, escuelas para retener a quienes aún no han elegido el camino del crimen, el Cacco recibirá más internos de los que puede alojar. Esta cárcel de máxima seguridad es la respuesta a un fracaso social del Estado como un todo, no de un partido político ni de una administración aislada.
No puede convertirse una cárcel en un lugar donde el sistema deposite todas sus expectativas, ni tampoco en una política de seguridad. Una cárcel es el último eslabón: llega cuando el delito ya ocurrió y la víctima existe. Y la violencia que el Cacco busca contener sigue en nuestras calles. Al 24 de setiembre, el OIJ registraba 607 homicidios, el quinto año consecutivo por encima de 600, con el ajuste de cuentas como principal móvil. La tendencia es mejor que la de 2025, que cerró con 873, y la Policía Judicial atribuye esta disminución al avance en la investigación del narcotráfico y de las estructuras detrás de los crímenes. Según el propio OIJ, cerca del 80% de los homicidios tienen que ver con el tráfico local de drogas, una ocupación que siempre encontrará reemplazo entre quienes no tengan educación ni empleo.
Lo que cambiará las cifras y la realidad del país no será solo una cárcel, sino investigar, prevenir y perseguir. Sin embargo, la gran paradoja es que el Presupuesto Nacional para 2027 recorta justamente esos eslabones, no solamente en el Ministerio de Seguridad, sino también en el Poder Judicial.
Más atrás se queda la prevención. El presupuesto del Ministerio de Educación se recorta en ¢19.230 millones, con menos recursos para el programa de becas Avancemos y otros que financian alimentación y transporte de estudiantes en pobreza. El PANI perdería ¢22.700 millones y el IMAS, ¢9.000 millones.
Lo que se gana al final de la cadena con una cárcel nueva, se pierde en lo que debería ser el primer eslabón de contención, sobre todo cuando los homicidios tienen edad: 111 de las 319 víctimas de homicidio a mayo de este año tenían entre 18 y 29 años. Es la edad en que un país decide si un muchacho termina en el aula, en un empleo o en la planilla de una banda criminal. Las oportunidades deberían llegar antes que las patrullas.
Ordenar el gasto es indispensable, sobre todo con una deuda superior al 60% del PIB. Pero ahorrar en lo que previene para invertir en lo que castiga es pagar doble: la cárcel hoy y el delito mañana. La comparación es elocuente: el recorte previsto al PANI supera el costo total del Cacco, sin que sepamos aún cuál será su costo de mantenimiento futuro.
El Ejecutivo tiene tareas pendientes para que el Cacco funcione como promete. Establecer un modelo operativo claro, definir valoraciones individuales de peligrosidad para cada traslado e impulsar modificaciones de la ley de ejecución de la pena. Pero sobre todo, debe demostrar que el compromiso de este país en materia de derechos humanos de los privados de libertad seguirá incólume, que es quizá la duda principal que existe entre la población, cuando se alaba un modelo extranjero cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos, y se adoptan posiciones y discursos autoritarios.
La mano dura contra la delincuencia no es incompatible con las garantías propias de un Estado de derecho que ha sido ejemplo regional en la materia.
Una buena cárcel se mide por su capacidad para contener a los delincuentes. Pero una buena política de seguridad se mide por las personas a las que logra mantener lejos del crimen. El verdadero éxito no consiste solo en encerrar a quienes delinquen, sino en evitar que más jóvenes terminen tras las rejas.
