La ministra de Estado alemana Serap Güler no vino a Costa Rica a señalar con el dedo, sino a reconocer en este país a “un socio muy importante con valores comunes”. Sin embargo, al mismo tiempo que evitó nombrar a Costa Rica entre los países en riesgo, nos dejó una advertencia directa: el populismo, dijo, “no importa si es de derecha o de izquierda”, porque el daño que produce a las instituciones es idéntico.
Esa frase, dicha con la cortesía diplomática de quien no quiere ofender a su anfitrión, contiene una verdad que este diario ha señalado con insistencia y que no debe dejar de preocupar cada día a la población, ni por resignación ni por comodidad.
El error más costoso que puede cometer una democracia es creer que el populismo es un fenómeno ajeno, propio de vecinos con menos tradición institucional y más proclives al autoritarismo. Costa Rica cultivó durante décadas el mito de su excepcionalidad, la cómoda certeza de que su fortaleza democrática la vacunaba contra los males que aquejaban a otros países de la región. Esa certeza desapareció, y terminamos siendo terreno fértil donde el populismo goza de buena salud, erosionando instituciones y avanzando a paso firme.
Güler fue clara en algo que este diario considera esencial: la diferencia entre canalizar el descontento ciudadano y echarle “aceite al fuego” no depende de la etiqueta ideológica del gobierno de turno, sino de si se respeta o se erosiona la separación de poderes. Bajo ese criterio, técnico y no partidario, deberían medirse todos los gobiernos, sin excepción y sin las simpatías o antipatías que despierte cada administración.
Costa Rica no carece de ejemplos propios para aplicar esa vara. La Universidad de Costa Rica documentó en un estudio sobre casi 800 resoluciones de la Sala Constitucional, entre el 2018 y el 2023, una tendencia a centralizar competencias en el Poder Ejecutivo, debilitar el control legislativo y socavar la autonomía judicial. Entre los casos analizados figuran la rectoría del Ministerio de Planificación sobre funcionarios de otros poderes y el intento fallido de destituir en bloque a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social por discrepar del criterio presidencial.
Más recientemente, el veto presidencial al proyecto de Ley de Ejecución de la Pena, reforma que traslada competencias a un juzgado especializado, ofreció otro ejemplo de cómo el argumento de la separación de poderes puede usarse en ambas direcciones: el Ejecutivo invocó el principio para impedir que se transfirieran competencias administrativas al Poder Judicial, en momentos en que a ese mismo Ejecutivo se le señala por concentrar decisiones que antes correspondían a otros órganos. La separación de poderes no es un arma retórica para usar contra el adversario de turno; es un principio que exige coherencia, incluso cuando estorba a quien gobierna.
Lo que distingue a una democracia sólida de una que se erosiona no es la ausencia de tensiones entre poderes, que son inevitables y hasta saludables, sino la existencia de mecanismos que las resuelvan sin que ninguno se imponga sobre los otros por la vía de los hechos. Esa distinción, que la ministra Güler resumió con la sobriedad de quien conoce el fenómeno por verlo en su propio continente, es la que Costa Rica corre el riesgo de olvidar, precisamente porque en tiempos recientes no hemos vivido una ruptura institucional comparable a la de nuestros vecinos.
La comparación con Nicaragua, que la ministra alemana finalmente aceptó hacer cuando se le insistió, no debe leerse como un consuelo. Que Costa Rica no sea Nicaragua es una vara demasiado baja para medir la salud de nuestra democracia, que se precia de ser la más antigua e ininterrumpida de la región. El estándar no puede ser evitar la dictadura; debe ser preservar, con la misma exigencia de siempre, el equilibrio entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, cada uno vigilando al otro sin necesidad de que un país amigo tenga que recordarlo desde fuera. Medirse contra el peor ejemplo de la región es, en el fondo, una forma de complacencia que exime de la autocrítica a quienes deberían practicarla con más rigor, porque todavía cuentan con instituciones que funcionan y están a tiempo de protegerse.
Que el criterio llegue del exterior no lo hace menos válido; al contrario, la visita diplomática es un recordatorio para no olvidar poner sobre la mesa una discusión que debe darse todos los días en la Asamblea Legislativa, en los tribunales y en la opinión pública. Coincidimos con la ministra Güler en que la responsabilidad de tomar en serio el descontento ciudadano, sin usarlo como pretexto para concentrar poder, no distingue colores políticos. Distingue, eso sí, entre quienes gobiernan para respetar las instituciones y quienes gobiernan a pesar de ellas.