La Corte Penal Internacional investigará las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. El anuncio de la fiscala Fatou Bensouda comunica a la cúpula gobernante la preocupación internacional por sus excesos, la determinación de no pasarlos por alto y la inevitabilidad del llamado a enfrentar la justicia.
Los funcionarios más comprometidos del régimen de Nicolás Maduro encontrarán en la investigación motivos para afincarse en el poder, pero otros se abstendrán de hacerse cómplices, evitarán ampliar sus responsabilidades o expiarán culpas sumándose a los críticos y denunciantes de los abusos gubernamentales.
A mediados del año pasado trascendió la grabación de una junta secreta donde un grupo de generales venezolanos discutió el futuro del país y el papel de las Fuerzas Armadas. Hablaron sobre los límites de la represión y el temor de enfrentar, algún día, la justicia. Algunos expresaron preocupación por la posibilidad de ser acusados por la fiscalía local. Para esos militares, la sola mención de la Corte Internacional causará escalofríos mucho más graves.
El creciente temor en las filas del gobierno queda en evidencia con el peregrinaje del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y su familia. Muchos venezolanos están exiliados en España para librarse de los desmanes de las fuerzas comandadas por Padrino. Por eso resulta irónica la presencia de los familiares del general, sanos y salvos, en tierras ibéricas.
Los Padrino incomodan a los españoles. No podrán permanecer en aquel país y se sospecha de un intento de radicarse en Costa Rica. Curiosamente, no muestran propósitos de volver a Venezuela, donde el jefe de familia contribuye al desgobierno y la represión. Nuestro país cerró, inmediatamente, las fronteras, dados los vínculos del militar con el narcotráfico, la corrupción y la represión.
Las autoridades nacionales hicieron bien. El asilo es para los perseguidos, no para los represores. Los responsables de abusos en Venezuela deben saber que no conseguirán refugio y deberán enfrentar la justicia. Igualmente importante es todo esfuerzo de la comunidad internacional para negarles el disfrute de las fortunas mal habidas.
Luisa Ortega, ex fiscala general del chavismo convertida en crítica del régimen, instó a la Corte Penal Internacional a investigar las muertes y torturas en Venezuela. “Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad”, dijo Ortega en noviembre. A esa petición se sumó el Parlamento Europeo luego de extender sus sanciones a Maduro, el vicepresidente Tareck el Aissami y la empresa petrolera del Estado, PDVSA. El gobierno de los Estados Unidos se adelantó a dar importantes pasos en la misma dirección.
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La presión aumenta y es una pena ver a la Organización de Estados Americanos (OEA) tan rezagada pese a los ingentes esfuerzos del secretario general, Luis Almagro. La valentía del diplomático uruguayo se ha estrellado una y otra vez contra la timidez y complicidad de un grupo de países miembros que, incluso, confrontaron en más de una oportunidad al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para debilitarlo en la inevitable colisión con el régimen de Maduro.
La situación de Venezuela exige a la comunidad internacional redoblar esfuerzos para impedir nuevos estallidos de violencia, como los que el año pasado costaron 125 muertes en las manifestaciones celebradas en todo el territorio de la nación sudamericana, además de la cárcel y el exilio impuestos a cientos de opositores.
