“Con base en la información disponible, no es posible recomendar, desde el punto de vista técnico, eliminar la obligatoriedad de la vacunación”, afirma de manera contundente la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE). La afirmación responde a las preguntas del Poder Ejecutivo sobre los criterios técnicos y científicos utilizados para justificar la exigencia de la inoculación contra la covid-19 de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, trabajadores de la salud y empleados públicos.
Aparte de las explicaciones solicitadas en un decreto presidencial emitido el 11 de mayo, la ministra de Salud, Joselyn Chacón, pidió a la Comisión reconsiderar la obligatoriedad de la vacunación con un argumento fácilmente desechado por los expertos. Según la funcionaria, la eliminación de alguna forma generaría más confianza y aumentaría la cobertura de la vacunación.
La CNVE simplemente señaló que la ministra “no presentó ningún respaldo” para esa afirmación. Luego, ofreció abundantes argumentos en contrario, incluidos datos sobre el aumento de los inoculados a partir de la obligatoriedad, cuya declaratoria y derogación son potestades conferidas por ley a la CNVE.
La respuesta de la Comisión permite extraer varias conclusiones. En primer lugar, cuando el gobierno anunció la decisión de eliminar la obligatoriedad, no solo desconocía la imposibilidad de arrogarse una facultad asignada por ley a la CNVE, sino que carecía de criterios técnicos y científicos para sustentar el decreto. Pasados los días, el mejor argumento encontrado por la ministra fue la creencia en la capacidad de la medida para generar confianza e impulsar a los escépticos a vacunarse. No hay datos para fundar esa impresión subjetiva y, en el mejor de los casos, es tan válida como la contraria: al eliminar la obligatoriedad, el gobierno siembra desconfianza en la vacunación, o cuando menos en su eficacia.
También se confirma la oposición de la ministra a la obligatoriedad de la vacunación, no importa el criterio de los expertos de la CNVE, las principales organizaciones médicas y la gran mayoría de sus colegas. Ahora, la funcionaria, en virtud de su cargo, encabeza la Comisión, con cuyos miembros está en franco desacuerdo.
Tampoco altera su opinión el estado actual de la pandemia. Según el calificado criterio de la Comisión, integrada por especialistas en inmunología, infectología, pediatría, epidemiología, economía de la salud y salubristas, “estamos en clara tendencia al aumento de casos en tres semanas consecutivas”.
En vista del “riesgo de una quinta ola pandémica que se puede incrementar” debido al no uso de mascarillas y “que el país mantiene la transmisión comunitaria del virus”, agregó la CNVE, “resulta imprescindible que los funcionarios tengan la máxima protección vacunal posible para garantizar la continuidad de los servicios a la población”. Y advirtió: “Una gran cantidad de funcionarios de baja por incapacidad o aislamiento puede comprometer los servicios públicos críticos”.
Esa respuesta también recoge la preocupación de los expertos por la eliminación de las mascarillas justo en este momento, cuando los casos, hospitalizaciones y muertes están en rápido aumento. No obstante, el requisito de la mascarilla sí puede ser levantado unilateralmente por decreto, como se hizo.
Quizá la principal contradicción consiste en la vigencia del decreto emitido para “instar” a los jerarcas de las instituciones a no despedir a quienes desafíen las disposiciones emitidas y reiteradas por la Comisión. ¿Reconsiderará el Poder Ejecutivo ese decreto habiendo recibido ya la respuesta técnica de la CNVE a sus preguntas por el sustento de la obligatoriedad o insistirá en pedir a los jerarcas del sector público facilitar la inobservancia?
