El saldo es abominable, indignante y revelador. También inaceptable. Según el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado el viernes al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante los dos meses de protestas ciudadanas en Nicaragua, transcurridos entre el 18 de abril y el 19 de junio, “la acción represiva del Estado ha producido, al menos, 212 personas muertas”, 1.337 han sido heridas y 507 detenidas de forma arbitraria.
A esto se añaden cientos “en condición de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación”, y existe “extensa información y denuncias por irregularidades y denegación de atención médica y obstaculización de la labor humanitaria” para asistir a los heridos o lesionados por la violencia gubernamental. Muchos de ellos, según personal médico citado por la CIDH, han presentado “impactos de bala en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax, así como en la espalda”. A lo anterior se añaden presiones a los medios de comunicación independientes, amenazas a los opositores y manipulación de las instancias judiciales.
El régimen ha tratado de ocultar su responsabilidad en la virtual carnicería de la manera más burda y cruel posible: el despliegue de francotiradores y grupos paramilitares –en los que abundan delincuentes–, a los que la Policía, que también reprime directamente, da instrucciones, brinda guía, otorga protección y garantiza impunidad; luego, culpa a los ciudadanos de la violencia, que no ha cesado de cobrar víctimas.
En medio de esta brutal arremetida, los nicaragüenses se mantienen en pie de protesta y lucha, mediante paros, barricadas para impedir el tránsito de los matones y el uso de dispositivos caseros, como cocteles molotov y morteros improvisados, para repeler las embestidas. La ciudad de Masaya y su emblemático barrio indígena de Monimbó han sido los ejemplos más dramáticos de la resistencia; también de la represión. Como grupo, los estudiantes han llevado la iniciativa de las protestas y entregado la mayor cantidad de vidas. Pero el rechazo se extiende a todos los sectores.
La economía está virtualmente paralizada. El desempleo se ha disparado. La cúpula empresarial representada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), hasta hace muy poco cómplice por conveniencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha roto con ellos. La Iglesia católica ha desplegado su autoridad moral, capacidad de organización y valentía para promover un diálogo que saque al país de la espiral de muerte y caos, pero hasta ahora con poco éxito, por la intransigencia del régimen. Además, ha hecho lo posible por evitar las matanzas y brindar protección a los civiles. Su desempeño ha sido ejemplar.
Frente a este espeluznante panorama, el régimen y sus secuaces se han quedado virtualmente solos. Únicamente los sostiene el control del aparato represivo (oficial e irregular) y algunos grupos que se han visto puntualmente beneficiados por ellos. La conclusión es clara: por el bien de Nicaragua, Ortega y Murillo deben cesar de inmediato la represión, abandonar el poder, renovar totalmente el Consejo Electoral con personas realmente independientes, eliminar las trabas a los partidos políticos opositores y abrir así el camino a elecciones anticipadas bajo supervisión internacional.
A lo anterior debe sumarse la investigación de los hechos por parte de organismos independientes de derechos humanos y la apertura de procesos judiciales inmediatos contra los eventuales responsables, mediante tribunales constituidos por jueces probos y sin vinculaciones con el poder. Hasta ahora, lo único que ha hecho el gobierno es cursar invitaciones para que representantes de derechos humanos de las Naciones Unidas y la OEA visiten el país, pero sin un mandato claro.
Costa Rica se unió, el viernes, a otros diez países que respaldaron el informe de la CIDH sobre Nicaragua en el Consejo Permanente de la OEA. La próxima semana, esta instancia volverá a sesionar para discutir una resolución sobre la pavorosa crisis. Esperamos que la decisión sea contundente. El régimen ya no da para más. El pueblo merece paz, respeto y dignidad. Y su mensaje de "¡basta ya!" debe resonar no solo en las manifestaciones y las barricadas, sino, también, en el seno de la OEA.