Costa Rica lidia desde hace varias décadas con un aparato estatal sobredimensionado, ineficiente, obsoleto y descoordinado, que limita el desarrollo económico y social. Ninguna institución pública hace un informe de los recursos recibidos, los proyectos logrados y su productividad. Cada vez se vuelve más complejo conocer la visión a corto y a largo plazo de cada institución, los logros alcanzados y la importancia de su existencia.
Caminamos sin rumbo claro hace muchos años. Nadie cuestiona la vialidad de los cientos de instituciones que nunca se renovaron. Hoy, tristemente, la innovación y el cambio están ausentes en la mayoría de los cientos de instituciones, a pesar del disgusto de la mayoría de los ciudadanos que todos los días ven con frustración cómo, en lugar de avanzar, retrocedemos.
Tenemos que transformar la estructura y el funcionamiento del Estado si queremos salir de este estancamiento. Hay que hacer un rediseño profundo del sistema político-administrativo costarricense. Lo importante es lograr una reorganización integral del Estado, partiendo del reconocimiento de una fragmentación institucional que ha generado duplicidades, vacíos de coordinación y parálisis operativa.
Debemos hacer una reorganización institucional no como un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un Estado más ágil, menos burocrático y más coherente. Con menos estructuras pero con más capacidad estratégica, y así avanzar en una administración pública centrada en resultados y no en procedimientos.
No podemos seguir con tantos laberintos burocráticos. En relación con la funcionalidad de las instituciones públicas, es fundamental la profesionalización de las juntas directivas, que han sido uno de los grandes espacios de captura política en la historia reciente del país: juntas que dirigen las instituciones más importantes del Estado y han sido en muchas ocasiones utilizadas como moneda de cambio político, sin valorar la idoneidad de sus miembros.
Recientemente, por presión de la OCDE, se incorporó la figura de gobierno corporativo y se establecieron requisitos mínimos de formación y experiencia para quienes ocupen estos cargos. No obstante, no se aprobó un sistema de rotación escalonada que impida los tradicionales barridos completos cada vez que cambia el gobierno.
Hay que eliminar el “botín político” y, en su lugar, instalar una lógica de continuidad institucional, responsabilidad personal en la toma de decisiones y representación ciudadana. Sin embargo, a pesar de todas las previsiones, ya hemos visto que el gobierno puede presionar y hacer los cambios que quiera, sin muchas consultas, e irrespetando las autonomías.
Simplificación
Lo que hoy necesitamos es implementar un gobierno digital que simplifique todos los trámites. En los países bálticos, Uruguay o Chile, la digitalización ha sido un motor poderoso para modernizar el Estado, aumentar la transparencia, reducir la corrupción y mejorar la experiencia ciudadana.
En Costa Rica, muchos procesos siguen anclados en modelos del siglo pasado, con trámites presenciales, uso de papel y redundancias inexplicables. No hemos desarrollado una intranet estatal que interconecte todas las instituciones en un centro nacional de datos con altos estándares de ciberseguridad y una plataforma única de contrataciones electrónicas.
El Estado debe funcionar como un sistema integrado, no como una suma de islas. Hay que incorporar la inteligencia artificial (IA) en todos los trámites, que hoy tardan semanas o meses y que bien podrían realizarse en horas, con el consecuente alivio para el ciudadano y una reducción de costos operativos para el sector público.
A pesar de los logros por ordenar salarios y pensiones, es importante eliminar los beneficios opacos y la necesidad constante de recurrir a leyes específicas para ajustar escalas. Hoy requerimos una función pública más justa, más eficiente y financieramente viable, que a su vez reduzca la conflictividad laboral y fomente el mérito como principio rector.
También, debemos continuar con la simplificación del sistema de compras, porque, a pesar de las reformas, la contratación administrativa en Costa Rica sigue siendo lenta y complicada al poseer muchos laberintos legales. Debemos seguir construyendo un catálogo electrónico estandarizado de bienes y servicios, un registro único de proveedores e integrar totalmente el proceso de compras en una plataforma digital fiscalizada en tiempo real. Estas medidas reducirían los costos, eliminarían la discrecionalidad y abrirían oportunidades para que más proveedores –incluidas pequeñas y medianas empresas– puedan participar en los procesos.
Es vital la publicación obligatoria de presupuestos, estructuras orgánicas, contrataciones y decisiones administrativas en plataformas accesibles a la ciudadanía. Hay que crear un ecosistema institucional donde el acceso a la información pública sea la regla y no la excepción, y donde los ciudadanos puedan evaluar el desempeño de las entidades con información clara y oportuna.
Hay que acabar con los intereses creados y la resistencia de ciertos sectores políticos y administrativos. Tenemos que exigir cambios profundos. El costo de no actuar es muy alto. Costa Rica afronta una creciente insatisfacción con la calidad de los servicios públicos, un déficit fiscal estructural que limita la inversión pública y una caída relativa en los índices de competitividad e innovación.
Los cambios
La reforma del Estado no puede ser parcial ni superficial. No basta con mejorar procesos; es necesario rediseñar estructuras, modificar normas, tecnificar la gestión y, sobre todo, cambiar la cultura organizacional que durante décadas ha favorecido la inercia, la mediocridad, la inamovilidad y el clientelismo.
Los cambios estructurales requieren de una ciudadanía activa, de alianzas estratégicas con el sector productivo, de partidos políticos comprometidos y de una academia y medios de comunicación proactivos. Un país que toma decisiones con base en cálculos electorales de corto plazo difícilmente podrá resolver problemas estructurales que requieren visión de largo plazo.
Hoy, vivimos en un contexto nacional e internacional exigente y cambiante. El país no puede seguir postergando las decisiones claves Los problemas fiscales, la pérdida de competitividad, el deterioro ambiental y los desafíos tecnológicos requieren un Estado preparado, flexible y estratégico.
La ventana de oportunidad no estará abierta para siempre. Cuanto más pospongamos las reformas más costoso será implementarlas y los problemas sociales y económicos seguirán aumentando. No podemos seguir polarizando a nuestra sociedad. Hay que acudir al diálogo y la voluntad de mejorar. Nada hacemos buscando culpables de nuestro estancamiento. Tenemos que hacer los cambios en paz.
La patria nos pertenece a todos. Ya no estamos para más estudios; lo que requerimos es unidad para resolver y lograr un desarrollo más justo, eficiente y humano.
Pasemos de la inercia a la gestión por resultados, del clientelismo a la meritocracia, de la opacidad a la transparencia, de la burocracia a la innovación. Las herramientas están sobre la mesa. Los diagnósticos han sido hechos una y otra vez. Lo que falta es voluntad.
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Jorge Woodbridge es ingeniero.