En las postrimerías de este triste y francamente olvidable período presidencial, dos clases de políticos están en ardua competencia por hacer una última trastada. Y si se salen con la suya, los costarricenses podremos despedirnos de nuestras pensiones.
Desde hace más de un año, he venido advirtiendo que los principales sistemas de pensiones del país están encaminados a la quiebra. Los del Poder Judicial y el Magisterio sucumbirán bajo el peso de un generoso —e irresponsable— esquema de beneficios que no puede ser financiado con las contribuciones de sus afiliados. Hablo, por supuesto, de las odiosas pensiones de lujo que ambos regímenes procrean.
Si dichos regímenes se mantienen aún a flote, es únicamente porque el Estado costarricense — entiéndase el pueblo camello que paga impuestos— les hace aportes muy por encima de lo que nos dan a los ciudadanos comunes condenados a recibir las migajas del régimen de la Caja.
El IVM, por su parte, sucumbirá a un diseño piramidal perverso, que exige aportaciones cada vez más elevadas a cambio de beneficios cada vez más miserables, y que es insostenible a mediano plazo ante los muy marcados cambios demográficos que el país ha sufrido en las últimas cuatro décadas, sin que políticos ni administradores del régimen hicieran algo para sanearlo.
Por si lo anterior fuera poco, el único refugio formal que tenemos los costarricenses —las pensiones complementarias y las voluntarias— están ahora bajo ataque de los buitres de la política tradicional. De un lado tenemos a los genios que creen que legislar es plasmar en ley cualquier ocurrencia que les rebote en su usualmente hueca cavidad cerebral. Del otro, tenemos a los promotores de la voracidad tributaria, que siempre viene precedida de la irresponsabilidad fiscal, pero arropada bajo el manto de la urgencia de resolver el problema que ellos mismos crearon con su dispendiosa propensión. Ambos han descubierto el irresistible tesoro de los fondos de pensiones privadas, y desean meterles sus sucias garras.
Saqueo. El diputado Jorge Rodríguez (PUSC, Cartago) presentó un proyecto de ley “para fortalecer el IVM” que pretende saquear el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), así como las pensiones complementarias (ROP) de los trabajadores. Según esta gracejada, se tomaría un 1,5 % del salario del trabajador, que normalmente iría a engrosar su FCL, para desviarlo al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja. Simultáneamente, se tomaría otro 1,25 % del salario del trabajador, que en condiciones normales sería destinado a su pensión complementaria, para también depositarlo en el IVM.
El problema con esta iniciativa es que tanto los recursos del FCL como los del ROP se depositan en cuentas individuales a nombre del trabajador. Si el dinero es desviado desde estas cuentas al IVM, el trabajador tiene que saber que lo que era dinero a su nombre pasaría a la buchaca común del IVM, donde los fondos son de todos los trabajadores, pero no son de ninguno en específico. Siendo que el IVM, por su diseño y falta de voluntad política para reformarlo, corre riesgo de quebrar, los trabajadores de hoy, y especialmente los más jóvenes, jamás volverán a ver su dinero.
No olvidemos que el FCL es parte del auxilio de cesantía que el trabajador puede disfrutar en caso de ruptura de su relación laboral. El ROP, por su parte, es una pensión adicional, que vendría a complementar la magra pensión que podemos esperar del IVM. Robarles recursos a ambos fondos para depositarlos en el barril sin fondo del IVM solo vendría a debilitar la estabilidad futura de cada uno de los trabajadores.
Nefasto precedente. Lo que este proyecto propone no es otra cosa que legalizar el saqueo de las cuentas individuales de los trabajadores. Su aprobación crearía un nefasto antecedente para los derechos de propiedad y la seguridad jurídica en nuestro país.
Como si esta noticia no fuera suficientemente mala, en el paquete tributario que el gobierno presentó y actualmente se discute en la Asamblea Legislativa, aparece un artículo 27C que pretende someter los pagos de las pensiones complementarias (ROP) y voluntarias al impuesto de ganancias de capital. Persigue, en otras palabras, castigar el ahorro y desincentivar que los trabajadores asuman responsabilidad por la planificación de su propia jubilación.
El texto no es claro, y los diputados Ottón Solís y Sandra Piszk han dicho que no existe, al menos de su parte, la intención de gravar las pensiones. Sin embargo, la experta en impuestos y socia de la firma Deloitte, Carla Coghi, opina que ambos planes de pensiones “estarían quedando sujetos al 15 %”.
Ominosamente, cuando el periodista de La Nación Esteban Oviedo solicitó la interpretación de los padres de la criatura —los directores generales de Tributación y de Hacienda, Carlos Vargas y Priscila Piedra respectivamente—, respondieron que “debido a que aún en este momento está en revisión el texto referido a este tema, no pueden dar respuesta a las consultas hasta tanto dicho tema no haya sido dilucidado”. ¡La transparencia, pasala!
No cabe la menor duda de que estamos ante dos de los mayores problemas que enfrenta hoy Costa Rica: la crisis fiscal y la insostenibilidad de los regímenes de pensiones. No podemos permitir que se dilapide el ahorro de los trabajadores en aras de solventar el déficit.
Las verdaderas soluciones, aunque poco populares, son harto conocidas. La divina providencia, o la intercesión de Stephen Hawking, nos libre de las ocurrencias descabelladas y la glotonería fiscal de quienes nada han hecho por implementarlas.
El autor es economista.
