EscucharLas finanzas públicas no dan para más. Ha llegado la hora de la verdad. Con el pronunciamiento de la Corte Plena, la viabilidad del plan fiscal se complica. La Sala Constitucional tendrá la última palabra, o al menos la penúltima.
Estoy convencida de que necesitamos, paralelamente a la mejora de las finanzas públicas, un cambio profundo. Recuerdo un concepto para aumentar la productividad, hoy válido para el Estado, no se trata de “automatizar, sino de eliminar procesos”.
En muchos casos, no solo se trata de suprimir algunos beneficios insostenibles, es igualmente fundamental mejorar los sistemas de gestión y planeamiento y crear un sentido de responsabilidad utilizando una acción que usualmente omitimos: “rendición de cuentas” término aún más fuerte en inglés, accountability.
Cito ejemplos de gestión: uno de los proyectos estrella del gobierno anterior era la creación de un Pabellón Deportivo y un Centro Acuático, y para ello se solicitó un crédito de $38 millones al BCIE. La iniciativa tuvo una oposición muy grande de diferentes federaciones deportivas, e incluso la de natación, por considerar que concentrar esa cantidad en un solo proyecto era inconveniente. La oferta por un solo edificio fue de $30 millones. El proyecto se descartó.
Ni qué decir de los millonarios sobrecostos de obras como la hidroeléctrica Reventazón (con problemas de operación), la represa Balsa Inferior, que pasó de $90 millones a $360 millones, la sostenibilidad de Racsa y el mutismo y resistencia del ICE a mostrar sus números cuando además ha perdido más de un 26 % de sus ingresos. Construir es fácil, pero eficientemente es otra cosa.
Debemos preguntarnos si el concepto de autonomía universitaria significa libertad de cátedra, de pensamiento y expresión, o también de financiamiento y gasto.
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Esto nos lleva inevitablemente al control del gasto, y en ese campo es donde el gobierno deja dudas porque cada oportunidad que tiene de recortes significativos se resiste a hacerlos. Basta con ver dos casos relacionados con las universidades: le trasladó ¢15.000 millones del MEP, que si “sobraban” se pudieron subejecutar, y el miércoles los diputados oficialistas se opusieron a recortarles ¢10.000 millones al FEES.
Por eso, independientemente del plan fiscal, a trabajar por la eficiencia y la austeridad en el sector público.
