Cada vez hay más señales de que la política ambiental de Costa Rica padece, en el mejor de los casos, una bifurcación; en el peor, unaruptura. Su principal causa, aunque no la única, es que el gobierno dio al Incopesca un papel protagónico en el manejo de la llamada “agenda azul”, que ejerce de manera casuística, con desdén por la evidencia científica e irrespeto por el resto de la institucionalidad. Esta incluye al Minae, rector formal en la materia.
Como consecuencia, se están generando graves perjuicios en la protección y manejo marino sostenible y en nuestra imagen internacional. Los hechos, en orden cronológico, hablan con claridad.
En noviembre pasado, durante una conferencia mundial sobre vida silvestre, representados por el Incopesca, rompimos nuestra tradicional política de apoyo y nos sumamos a otros 12 Estados que se abstuvieron de avalar una propuesta para proteger seis especies de peces rayas en peligro crítico. La apoyaron 101 y se opusieron 14. En marzo del presente, la pesca de arrastre a escala industrial regresó con su aval, disfrazada de “prueba”, sin base ni rigor fáctico.
En abril, 18 organizaciones internacionales acusaron al país ante una entidad del Gobierno estadounidense por permitir la captura del tiburón martillo y otras especies en peligro. “El Incopesca está completamente politizado, no utilizan la ciencia en sus decisiones”, dijo entonces Randall Arauz, director de International Marine Watch. El 5 de este mes, puso la cereza al pastel, cuando aumentó de 34 a 234 las especies silvestres “de interés pesquero y acuícola”. Al anunciarlo adujo, falsamente, haber consultado a instancias técnicas y científicas —incluido el Sistema Nacional de Áreas de Conservación—, que desmintieron la versión. El clamor suscitado hundió la iniciativa.
Estas cargas de profundidad contra el ambiente marino se producen a pesar de que Costa Rica se unió a Francia para copresidir la tercera Conferencia Mundial de Océanos, que se celebrará en el 2025, y de que es cosignataria de una declaración multilateral para impulsar las áreas marinas protegidas como opción contra el cambio climático.
No sé qué pensará al respecto el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach; sí sé que en su cartera la inquietud es mayúscula; también, entre nuestros pares internacionales.
Cada vez hay más señales de que la política ambiental de Costa Rica padece, en el mejor de los casos, una bifurcación; en el peor, una ruptura. (Eliecer Núñez/Cortesía ICT)
