En mi artículo del 19 de marzo señalé la necesidad de la innovación para un elevado crecimiento, sostenido e inclusivo. Lamentablemente, pareciera seguir sin ser entendida realmente por los tomadores de decisiones, situación que contrasta con los esfuerzos recientes en varios países de América Latina.
Según el índice global de innovación del 2023, Costa Rica ocupa la posición 74 en el grupo de 132 países en materia de innovación y el puesto 7 en América Latina.
El resultado contrasta con el 2011, cuando ocupamos la posición 45 en el mundo y la 2 en la región, solo superados por Chile. En contraste, hoy no somos líderes, sino seguidores, y superados por Brasil, Chile, México, Uruguay, Colombia y Argentina.
Alguien podría criticar que comparar posiciones relativas con respecto al IGI a lo largo de los años no es la mejor manera de ver si estamos rezagados, debido a que el número de países incluidos en cada versión anual varía y, por ende, también la posición relativa de Costa Rica.
Por ello, complemento el análisis anterior con el de la evolución del score o nota que el país obtuvo durante los últimos 13 años, es decir, comparándonos nosotros con nosotros a lo largo del tiempo.
De este análisis, se observa la misma tendencia al rezago. Mientras en el 2011 nuestra nota era 37,9, en el 2023 es 27,9. Caímos 10 puntos.
El IGI se compone de dos subíndices, el de insumos para la innovación y el de productos de la innovación. El primero se basa en cinco pilares de insumos que captan elementos de la economía que permiten y facilitan actividades innovadoras. El segundo, en dos pilares que muestran el resultado de actividades innovadoras dentro de la economía.
Veamos cómo estamos en los componentes del primer subíndice, analizando solo la nota en los 13 años. En entorno institucional, pasamos de 67,9 a 57,9; en desarrollo de capital humano e investigación, de 33,1 a 27,9; en desarrollo de infraestructura, de 29,6 a 42; en la sofisticación del mercado, de 32,7 a 27,2; y en la sofisticación de los negocios, de 47,9 a 28,7.
Solo mejoramos en infraestructura. Por otra parte, en cuanto al subíndice de productos de innovación, en la producción de conocimiento y tecnología bajamos de 28,4 a 21,7, mientras en elaboración de productos creativos, de 38,8 a 16,2.
Está claro el deterioro, que atenta contra un crecimiento más alto, sostenido y equitativo en la economía del régimen definitivo (zonas francas es la excepción). El lamentable resultado es apoyado por los hallazgos del Atlas Nacional de Innovación 2022, presentado recientemente en el Consejo Nacional de Alta Tecnología (Cenat).
¿Qué hacer? Partamos de que se requieren intervenciones estratégicas y políticas y ejecución.
Estratégicas. Es necesario, entre otras cosas, (re)activar el Consejo Nacional de Productividad y Competitividad (CNPC) y la aprobación del proyecto de Ley 22614 para la creación del Consejo Nacional de Productividad y Competitividad (CNPC).
Mientras tanto, es posible operar el CNPC por medio de un decreto, pero de acuerdo con el contenido del proyecto de ley. Además, se debe mejorar la rectoría de las políticas en ciencia, tecnología e innovación (CTI).
En el diseño de la coordinación es necesario fortalecer las capacidades del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para planificar, diseñar, coordinar, monitorear y evaluar las políticas de CTI.
Políticas. Es fundamental promover la atracción de inversión extranjera directa con énfasis en investigación y desarrollo (I+D). Facilitaría no solo la generación de nuevos productos y servicios, sino también una mayor capacidad doméstica para la absorción de conocimientos e innovaciones desarrolladas en otras partes del mundo.
Sería conveniente, por tanto, revisar el sistema de incentivos para la IED y hacerlos más consistentes con las necesidades de las empresas. No debería tratarse fiscalmente de la misma forma a una que instala una capacidad productiva que a la que instala un centro de diseño o un centro de I+D.
No deberían tratarse igualmente tampoco los esfuerzos de I+D intramuros, de los llevados a cabo en colaboración con otras empresas, centros de investigación y start-ups nacionales. Los incentivos a la I+D no deberían focalizarse en atraer filiales de IED, sino también generalizarse a las start-ups y empresas domésticas.
Ejecución. Cabe señalar, por ejemplo, la necesidad de incrementar los recursos para actividades de I+D para atender la mayor cantidad de solicitudes de proyectos presentados por las empresas.
De acuerdo con estimaciones del BID, Costa Rica presenta un significativo déficit en recursos invertidos en I+D. Según los indicadores, debería estar invirtiendo alrededor del 0,9 % del PBI, es decir, una cifra cercana a los $576 millones, con una ejecución pública de $305 millones (un 53 % del PIB) y una ejecución privada de $270 millones (un 47 % del PIB).
Igualmente, es esencial redefinir los criterios de asignación de recursos y los mecanismos de evaluación y selección de proyectos, privilegiando los que por diseño maximizan la posibilidad de que se produzcan externalidades.
La prioridad deben tenerla los que se presenten en forma asociativa por empresas que pertenecen a una misma cadena de valor o a un clúster, y también los individuales provenientes de iniciativas de innovación abierta o de compra pública de innovación. Ambos casos se refieren a lo que se conoce como un enfoque de demanda. Obviamente, para alinear los incentivos, los proyectos deberían tener financiamiento privado de un mínimo del 20 %.
Debemos cambiar de rumbo y recordar las sabias palabras de nuestro primer presidente, José María Castro Madriz: “Triste es el país que no tome a las ciencias por guía” y que, en el caso de las sociedades, “la que emplea más sagacidad y saber debe obtener ventajas seguras sobre otras”. Lamentablemente, más de 150 años después, estas palabras se volvieron una realidad, pero en nuestra contra.
El autor es presidente de la Academia de Centroamérica.