EscucharUna intensa discusión se libra en la Asamblea Legislativa ante la pretensión del Poder Ejecutivo de crear un registro centralizado de accionistas –a disposición de las autoridades tributarias– con la información completa de cada uno de los socios de las más de 500.000 sociedades anónimas registradas en el país, incluido el monto de su capital accionario.
La propuesta, contenida en el proyecto de ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, cuenta entre sus más entusiastas defensores al Frente Amplio y a Henry Mora del PAC. Esto, por sí solo, le añade un factor espeluznante al asunto.
La concentración de información tan sensible en manos del Estado se ha prestado para chantaje y persecución política en otras latitudes, especialmente cuando llegan al poder actores políticos que manifiestan una abierta hostilidad hacia el sector privado (como los arriba mencionados).
¿Se imagina a un gobierno de esa estirpe, aliado con los sindicatos, con esta información a mano? Ya tenemos precedente. Hace dos años, Albino Vargas le confesó a La Nación que “la ANEP tiene acceso a bastante información tributaria” –que se supone es confidencial–. La existencia de este registro acentuaría, aún más, la sensación de indefensión que agobia a muchos contribuyentes, grandes y pequeños, ante las crecientes arbitrariedades administrativas en las que incurre el fisco. Para eso, no olvidemos la muy fresca lección del marchamo.
La iniciativa es una ocurrencia de última hora: ni venía incluida en la primera versión del proyecto presentado por el Ejecutivo, ni tampoco estaba en el texto sustitutivo consensuado entre las diferentes fracciones en setiembre. La ofensiva del Ejecutivo, apoyada por la alianza que ortiga (PAC-FA-PLN), arrancó hasta en octubre. El gobierno dice que se trata de un requisito indispensable para ingresar a la OCDE.
Eso es falso. Si bien dicho organismo solicitó una mejora en el acceso a la información de los accionistas de las sociedades mercantiles, señaló tres maneras para lograrlo, y el registro es solo una de ellas. Esto demuestra el gran cuidado que hay que tener con el proceso de incorporación a la OCDE: esta no es la primera vez, ni será la última, que la administración Solís lo utilice como un caballo de Troya para darle más recursos y poderes a su amado Leviatán.
El registro de accionistas es peligroso y agravaría el ambiente hostil para hacer negocios en Costa Rica. Es una solución en busca de un problema.
Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.
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