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Hagamos un poco de matemática básica: el PANI cuenta con ingresos autorizados para este año por ¢57.018 millones. De acuerdo con el presupuesto de la República recién aprobado, en el 2017 dicha institución recibirá ¢57.711 millones. Ahora bien, no soy economista –algo que me recuerdan a menudo–, pero eso es a todas luces un aumento de recursos. ¿De dónde salen entonces las denuncias por supuestos recortes brutales al PANI?
Acabamos de atestiguar un debate presupuestario que revela el nivel de demagogia al que los estatistas están dispuestos a llegar con tal de defender un gasto público desaforado. Según los medios de comunicación, los diputados le “recortaron” al PANI ¢47.000 millones. El diputado Humberto Vargas (PUSC) lo calificó como “un acto de barbarie” y su compañero Edgardo Araya (FA) anunció el inminente cierre técnico de la institución. “Neoliberalismo asoma la cabeza”, tronó el Semanario Universidad y decenas de activistas rodearon la Asamblea Legislativa con carteles denunciando a los “comechiquitos” que apoyaron los viles recortes.
La controversia radica en que el Poder Ejecutivo –cumpliendo un fallo judicial que lo obliga a girarle al PANI un 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta– le presupuestó originalmente ¢105.542 millones para el 2017, un aumento del 85% con respecto al 2016. Sin embargo, esa institución padece un serio problema de ejecución: en los últimos años ha sido incapaz de gastar más de una quinta parte del dinero que se le ha asignado. A noviembre, el PANI tenía ¢13.085 millones sin ejecutar.
La presidenta ejecutiva de la institución tenía una solución: más burocracia. Su plan operativo para el 2017 contemplaba crear 845 plazas –un aumento de la planilla del 82%–. El salario promedio de cada uno de esos nuevos puestos superaba ¢1,6 millones mensuales. La jerarca justificó su plan diciendo que representaba “empleo para mucha gente”, como si un gobierno que se endeuda 46 céntimos de cada colón que gasta está para ser una agencia de empleo.
Al final, una mayoría de los diputados hizo lo que correspondía: disminuir el monto en que se estaba aumentando el presupuesto del PANI –que no es lo mismo que recortarlo– y transferir esos recursos a seguridad pública e infraestructura carcelaria, dos áreas donde se viven ingentes crisis por falta de dinero. Que hayamos tenido que soportar tanto drama por una medida tan sensata expone el lúgubre estado en el que se encuentra el debate político costarricense.
