EscucharEn Costa Rica, el acceso a Internet ha evolucionado a una velocidad sorprendente, pero los verdaderos desafíos del futuro no están únicamente en la innovación tecnológica, sino en las condiciones institucionales que permitirán –o no– su despliegue.
La expansión del Internet fijo es un ejemplo claro: en 2020, apenas el 13% de las suscripciones eran por fibra óptica; en 2024, esta tecnología ya representa el 54%. El cambio no es menor: mientras que hace cuatro años, el 48% de las conexiones fijas eran de 10 Mbps o menos, hoy ese número cayó al 3%, y el 48% de las conexiones ya superan 100 Mbps.
Este salto en velocidad y calidad no fue casualidad. La infraestructura ha acompañado ese crecimiento: la red de fibra óptica en el país ya alcanza los 112.796 kilómetros, según el último informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Sin embargo, para que este progreso llegue a todos, y para que el despliegue del 5G no agrave brechas existentes, se requiere algo más que inversión privada: se necesita previsión, coordinación y reglas claras.
Un cuello de botella relevante es el marco normativo a nivel local. Según datos recientes publicados por el Micitt, apenas 41 municipalidades han adoptado el reglamento técnico que permite el despliegue de infraestructura para redes 5G. Eso quiere decir que más de la mitad de los gobiernos locales aún no ha creado las condiciones para que esta tecnología pueda instalarse y promover así el uso eficiente de los recursos existentes y la coordinación entre las municipalidades y los operadores de telecomunicaciones.
Esto limita no solo la cobertura futura, sino también la capacidad del país para atraer inversiones y desarrollar nuevas industrias basadas en conectividad avanzada.
El futuro de la conectividad costarricense no depende exclusivamente de las velocidades ofrecidas o de los avances de las empresas. Depende de que logremos remover las barreras institucionales y crear incentivos que aceleren la expansión de redes, faciliten la modernización del tendido aéreo, habiliten más postes y radiobases, y proyecten desde ya lo que requerirá el despliegue masivo del 5G.
La conectividad no es solo una promesa tecnológica; es una responsabilidad de política pública.
Andrés Fernández Arauz es economista.
