Cualquier país democrático que aspire a contar con un sistema de justicia cuyas decisiones sean de alta calidad debe ser consciente de que, para cumplir con ese propósito, quiérase o no, es necesario invertir recursos económicos, no menoscabarlos. La criminalidad, cada vez más sofisticada, demanda asegurar este tipo de inversión para poder afrontar con eficiencia el fenómeno del crimen, en beneficio e interés de los ciudadanos.
Durante décadas, nuestro país fue modelo para el resto de Latinoamérica por la calidad de su sistema judicial y, principalmente, por contar con jueces independientes que toman decisiones apegadas únicamente a la ley, sin dejarse influenciar por presiones de ningún tipo. Es incuestionable el fundamento democrático de contar con un Poder Judicial sólido e independiente.
No obstante, hoy los vientos soplan en otra dirección y, desde el oficialismo, se ha desatado una campaña antidemocrática contra el Poder Judicial, como parte de un evidente proyecto autoritario que pretende socavar esa independencia para tener bajo control a todos los poderes del Estado. El principio de separación de poderes proclamado por Montesquieu atraviesa una profunda crisis y es cada vez más difuso.
Lo contradictorio de la narrativa actual es que, por un lado, este mismo grupo se autoproclama abanderado de la lucha contra la criminalidad, construye cárceles de alta contención y propone reformas legales acordes con un populismo punitivo, carentes de sentido jurídico. Por otro lado, toma decisiones erráticas que más bien favorecen el despliegue de la criminalidad, al tiempo que propala de forma sistemática argumentos falaces para atacar, descalificar y debilitar el sistema de justicia. A ello se suma que, de forma deliberada, ha sometido la jurisdicción constitucional a una parálisis técnica mediante la obstrucción de la designación de las magistraturas suplentes.
Este jueves, la propia Sala Constitucional adoptó una decisión que evita, de manera temporal, la parálisis técnica derivada del bloqueo legislativo a la elección de magistrados suplentes, al prorrogar el nombramiento de quienes recién concluyeron su periodo hasta que la Asamblea Legislativa designe a sus sustitutos. La resolución garantiza la continuidad del servicio de justicia constitucional, pero no elimina el problema de fondo ni la necesidad de que el Congreso cumpla con su deber constitucional de realizar los nombramientos pendientes.
Aunque esa decisión evita una crisis inmediata, no debe renunciarse a rescatar el sistema de justicia que, aunque imperfecto y sujeto a correcciones, constituye un pilar esencial de la democracia costarricense. Con ese fin, deben subrayarse algunos parámetros que son claves y fuente de su legitimidad, a contrapelo de la tendencia autoritaria que sopla con fuerza en estos tiempos contra el Poder Judicial:
Sistema de derechos y garantías
La legitimidad de un sistema de justicia está condicionada a la preeminencia que tengan los derechos y garantías de los ciudadanos implicados en las controversias sometidas a su jurisdicción. Si una sentencia judicial ha respetado el debido proceso, se fortalece la esencia del Estado de derecho; mientras que, si la decisión fue tomada soslayando esa garantía y dando lugar a la arbitrariedad, más bien se deslegitima el sistema democrático. Una tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales es parte esencial de una democracia y de una sociedad sana.
Independencia judicial
Un sistema de justicia debe ser rigurosamente independiente para resistir las intromisiones de los diferentes grupos de presión, los cuales deben supeditarse al mandato de la ley, pues nadie está por encima de ella. Descalificar al Poder Judicial o pretender someterlo porque sus decisiones trastocan intereses individuales o de determinados grupos pone de relieve la importancia de la independencia orgánica y funcional.
Garantía de recursos económicos
La acción judicial eficaz está condicionada a los recursos que se gestionen y que están garantizados por mandato constitucional. De manera tal que boicotear el aseguramiento de estos medios atenta contra la autonomía estructural del Poder Judicial. Es lógico concluir que, en la medida en que se restrinjan los recursos financieros, se limita su ámbito de acción y se frustran los resultados a los que se aspira.
Mística, vocación y capacitación
Un Poder Judicial con funcionarios justamente valorados, con capacitación constante y desempeñándose en un ambiente laboral idóneo, verá reflejada esa condición en la calidad de sus labores. Por el contrario, un sistema judicial con funcionarios desvalorizados, salarios menguados y sin una capacitación adecuada no solo desmejora la calidad de la justicia, sino que también impacta negativamente otros indicadores de interés para los ciudadanos, como la mora judicial.
Policía Judicial y medios logísticos
Los encargados de investigar los posibles hechos delictivos, con el propósito de establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes, requieren una logística forense costosa. No se puede dar ventaja al crimen organizado, que se vale de los avances tecnológicos para desplegar su actividad delincuencial, limitando a los cuerpos policiales especializados la posibilidad de llevar a cabo investigaciones eficaces y de contar con herramientas probatorias acordes con el desarrollo tecnológico.
Política y justicia
Se evidencian intereses sombríos en quienes atacan a altos funcionarios del Poder Judicial para descalificarlos, con el claro propósito de impulsar a otras personas para que ocupen esos puestos clave y así tomar el control del sistema judicial en beneficio propio.
Es claro el propósito, a corto y mediano plazo, de tomar el control pleno del Poder Judicial y, con ese fin, colocar a sus acólitos en puestos jerárquicos clave (magistrados titulares y suplentes, fiscal general, entre otros). El Poder Judicial es un eslabón muy codiciado para cualquier proyecto autocrático.
Sin embargo, esta obsesión insana está destruyendo nuestro sistema democrático, que debe ser salvaguardado para evitar el caos que se vislumbra. De suceder esto, sobrevendría la debacle de nuestra democracia, menoscabándose por completo lo que el jurista y filósofo Luigi Ferrajoli denomina las funciones jurisdiccionales de “garantía secundaria”, propias de un Estado de derecho.
Más que dedicarse a destruir el Poder Judicial, este órgano del Estado debe fortalecerse de forma diáfana, sin subterfugios ni intereses ocultos, reafirmando así la separación de poderes para que el modelo democrático subsista y no fenezca.
El “salto al vacío” profetizado hace no mucho tiempo ya es una realidad. Sin embargo, aún depende de nosotros cuán profundo caigamos y si existirá alguna posibilidad de retorno. De lo contrario, si no reaccionamos, moriremos como democracia.
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J. Federico Campos C. es abogado.
