Una operación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló recientemente que los daños ambientales y sociales en Crucitas fueron producidos por el crimen organizado.
Funcionarios corruptos y empresarios oportunistas montaron un negocio millonario para la extracción, el transporte, el procesamiento, la comercialización y la exportación de oro.
Hay aún mucha tela que cortar —o piedra que picar—, pero a la fecha sabemos que también estuvieron involucrados algunos mineros artesanales de Abangares.
En virtud de la falta de fiscalización de la actividad en Crucitas y en el resto de las zonas de reserva minera, la solución fácil y lucrativa para quienes activaron la red ilícita fue la siguiente: trasportar el material excavado ilegalmente de Crucitas a Abangares, donde era posible extraerlo y comercializarlo de manera legal. En otras palabras, la minería de Abangares ha servido como puente al trasiego ilegal del oro.
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Una supuesta legalidad. A pesar de que Abangares califica como zona de reserva minera, la mayoría de los mineros locales incumplen las exigencias de la ley.
En el 2016, Costa Rica ratificó el Convenio de Minamata sobre el mercurio, el cual obliga a reducir y, de ser posible, eliminar el uso de esta sustancia; sin embargo, según datos de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente (Minae), unos 300 molinos rudimentarios en Abangares todavía utilizan mercurio.
Sería imposible enumerar aquí todos los perjuicios ambientales y sociales asociados a ese método de molienda y la subsecuente amalgamación y quema necesarios para obtener el preciado producto final. Además, la gran mayoría de los mineros no cuentan con una concesión de explotación, y por tanto el Estado no recibe ni el 2 % sobre las ventas del metal ni el tributo sobre la renta ni el IVA.
Tampoco llenan otros requisitos legales elementales para una operación de alto riesgo, como un plan de emergencia y un programa de salud ocupacional.
¿Cómo es posible que se les permita operar en esas condiciones y que el oro exportado desde Costa Rica, bajo una supuesta legalidad, se produzca siguiendo prácticas tan lamentables?
Minería justa. Es posible desempeñar la actividad minera artesanal dentro de la legalidad, si no se desarrolla en áreas protegidas, en cuerpos de agua usando dragas o en zonas fuera de Abangares, Osa y Golfito.
Además, podrán hacer minería artesanal quienes estén organizados en cooperativas y hayan obtenido una concesión minera. Esos mineros deben reducir o del todo abandonar el uso del mercurio.
Existen otros métodos, como el gravimétrico con cianuración, que implicaría la instalación de molinos más eficientes. Ponerlo en práctica aumentaría el rendimiento y la productividad de los mineros, quienes obtendrían más oro por cantidad de material procesado.
Las ganancias producto de estas mejoras ayudarían a recuperar la inversión. El Minae ha llevado a cabo algunos estudios en este sentido, pero son aún solo diagnósticos y buenas intenciones.
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Iniciativas como la certificación fairmined, que se puede traducir como minería justa u oro ético, ayudarían a los trabajadores artesanales en la producción y comercialización más respetuosas con el ambiente y la comunidad.
Además, quienes opten por esta certificación reciben asistencia técnica y un mejor precio por su oro en los mercados internacionales, lo que deriva en la recuperación de la inversión tecnológica en menos tiempo.
Por tanto, no todas son malas noticias para la minería artesanal. El trabajo de la organización no gubernamental Alianza por la Minería Responsable, promotora de la fairmined, llega a 15 países.
En Latinoamérica está presente en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil. Sería ideal que viniera a Costa Rica y ayudara al sector minero a salir de la ilegalidad y a ser más autosuficiente.
Mientras exista un recurso valioso en el subsuelo, alguien querrá extraerlo. Mientras los mineros no desempeñen sus labores respetando las condiciones exigidas en la ley, podrían prestarse para actividades ilícitas.
Es fundamental el apoyo de organizaciones no gubernamentales que promuevan las mejores prácticas en la industria y un comercio más justo. También son esenciales la estrategia y la fiscalización del gobierno. Un Estado desorganizado facilita el surgimiento del crimen organizado.
Es necesario favorecer el comercio lícito, uno que genere un ingreso económico al país. Un comercio más justo para el ambiente y las personas. Debemos pensar que esa minería es posible.
La autora es geóloga.