Los seres humanos dejaron de creer en que “quien nace para maceta del corredor no pasa” gracias al progreso de la ciencia, tan defendida en estas latitudes en estos días y a estas horas cuando, paradójicamente, con el propósito de resolver el déficit fiscal, los diputados del PAC proponen gravar las zonas francas, donde están las empresas contratantes de una parte del personal graduado en estas profesiones y Cinde reporta plazas vacantes por falta de ingenieros aquí y en el resto del mundo. La demanda global se cuenta por millones.
Por tanto, antes de tomar posición sobre el cambio en el proceso de admisión en el Instituto Tecnológico (Tec), proveedor de algunos de esos expertos tan necesarios, merece la pena un ejercicio para determinar si cumple la regla de hacer el mayor bien posible, incluso cuando no se sabe a quién exactamente se beneficia, como proponen bioeticistas como el australiano Peter Singer.
Preguntó ayer el exministro de Educación Francisco Antonio Pacheco, en su artículo «El Tec está a tiempo de rectificar», si el sistema utilizado por el Instituto Tecnológico para el ingreso en el 2021 sería una forma de «abrir la puerta del fracaso a muchos de los admitidos mediante los nuevos procedimientos».
La pregunta solo tendría respuesta definitiva dentro de seis años, tiempo promedio para graduarse en una de las ingenierías impartidas en ese centro de estudios, o antes si los beneficiados del cambio desertan por su incapacidad para sobrellevar la carga académica, como adelantaron las sibilinas en las redes sociales.
Analicemos lo que sí sabemos. Primero, muy pocos alumnos de colegios científicos, donde se supone están los mejor preparados para enfrentar la carga académica del Tec, consiguieron cupo, y eso provocó enojo y frustración a jóvenes y padres de familia porque daban por sentada la admisión.
De los 176 aspirantes, solo 45 consiguieran un lugar, 30 quedaron en espera, 94 en condición de elegibles y 9 están en condición de elegibles con admisión restringida.
Segundo, la universidad repartió los campos dividiendo a los interesados en cuatro categorías (A, B, C y D), de acuerdo con la cantidad de solicitantes.
Tercero, según la página en Internet del Tec, en este proceso más mujeres que hombres “lograron la condición de admitidas que en años anteriores” (51,9 % del total).
Cuarto, el promedio de las notas del colegio de los admitidos ubicados en la categoría A es 93,52; los de la categoría B, 95,41; los de la C, 95,89; y los de la D, 96,87.
No parecen ser los alumnos vagos, sin disciplina y tontos de la clase. Sin embargo, carecen de estudios profundos en materias que sí poseen quienes salen de los colegios científicos o pagaron cursos adicionales para ganar el eliminado examen de admisión, por tanto, la pregunta sigue sin respuesta: ¿Se les estará abriendo la puerta al fracaso debido al método instaurado este año?
Evidencia para formarse un mejor criterio. Existe una forma de aproximarse a una respuesta al planteamiento del exministro Pacheco: desde el 2005 el 10 % de los cupos (cerca de 200 anuales) se reservan para los estudiantes que no ingresan a las carreras, pero quedan elegibles (nota mayor a la del corte institucional y que en los últimos años ha sido 520 puntos de 800 que es el máximo).
El porqué de la baja puntuación en el examen de admisión de este grupo puede ser rebatible, pero así como los argumentos señalarían falta de interés del estudiantado también se esgrimiría la baja calidad de la educación primaria y secundaria recibida por los jóvenes de familias de escasos recursos, cuya mejora prometen los políticos cada cuatro años en sus programas de gobierno sin cumplimiento hasta ahora.
Los trabajadores sociales del Tec toman a esos estudiantes, identifican cuáles están en condiciones vulnerables y les dan la oportunidad de ingreso mediante becas y otras ayudas.
Después de 15 años, y con estudios de seguimiento, el Instituto tiene demostrado que, una vez superada la fase inicial de transición a la vida universitaria, el rendimiento de esos alumnos es similar al de los estudiantes que entran por el método regular. ¿Funcionan las «acciones afirmativas»?
El sistema educativo apuesta por los más dotados, en primer lugar, para aprovechar los recursos públicos, con justa razón, porque son escasos. Además, se parte de que se trata de jóvenes con vocación, quienes años después serán los profesores o los desarrolladores de proyectos de impacto nacional.
Mala nota. Lamentablemente, lo segundo está en duda. De acuerdo con datos del Registro de la Propiedad Industrial, del 2007 al 2013 las universidades públicas solo registraron 14 patentes y eso dice mucho de la educación superior costarricense.
“Aunque las patentes son uno de los indicadores menos mediáticos, son elementos clave para medir el avance de las tecnologías en los países y, quizás más importante, el impacto que estas tienen en el desarrollo. Por un lado, permiten la obtención de beneficios monetarios a través de la comercialización, venta o licenciamiento de la tecnología, y por otro son el reflejo del dinamismo de la producción de conocimiento y de avances tecnológicos que impactan positivamente en las sociedades”, se lee en la página en Internet del Banco de Desarrollo de América Latina (antiguamente CAF).
Es cierto, los buenos estudiantes merecen reconocimiento; sin embargo, la enfermedad del coronavirus cambió por completo la forma de hacer las cosas.
Quizás sea hora de pensar fuera de la caja, como espera de sus aspirantes, por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde las notas son muy bien vistas, mas eso no lo es todo; quienes anhelan un cupo en el MIT también deben probar su capacidad de generar ideas para cambiar el mundo, y muchas de estas se demuestran en el registro de patentes.
La solución no está, por ende, en sacar a unos alumnos para dar cabida a otros, sino en dotar de más recursos al Tec para brindar oportunidades a muchos más jóvenes, muchos más de los 200 anuales que llegan con desventaja cuando compiten con los egresados de los colegios científicos y luego demuestran que sí pueden con la carga académica.
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La autora es editora de Opinión de La Nación.