Es muy frecuente en el lenguaje cotidiano atribuirle la corrupción a las malas calidades morales de los gobernantes y su eliminación a la sustitución de estos por personas puras e intachables.
En otras palabras, se ve como un problema de calidad moral, pero como por todas partes aparecen corruptos, no solo por malversación de fondos, sino también por algo tan frecuente como los biombos en la Caja Costarricense de Seguro Social o el irrespeto a las señales de tránsito, se le achaca el problema a la cultura.
Por lo tanto, todos somos causantes de la corrupción. Mas resulta que el mismo ciudadano que aquí pasa aunque el semáforo esté en rojo y se estaciona en zona amarilla, en Nueva York o Londres acata rigurosamente las leyes de tránsito, lo cual nos lleva a concluir que en Costa Rica, más allá de la moralidad individual, existe permisividad.
En otros contextos, en los cuales el interés público predomina y, por tanto, no existe impunidad, el individuo se comporta como ciudadano. Como muy bien dice Denise Dresser en su libro Manifiesto mexicano, la raíz de la corrupción “no es cultural, sino institucional. No es de hábitos, sino de incentivos. No se trata de lo que la sociedad permite, sino de lo que la autoridad no sanciona. Los de abajo son corruptos y toleran la corrupción porque los de arriba han creado leyes para permitirla (…). Un Estado depredador crea una sociedad depredadora. Un Estado que viola las leyes produce ciudadanos que las desobedecen, no al revés”.
Poder entre amigos. Esto nos lleva a analizar nuestro tipo de Estado. Dresser llama al Estado mexicano “un capitalismo de cuates”, es decir, una organización institucional en la que predomina el interés de los diversos grupos en el poder, por encima de los intereses de la mayoría, sin que exista un proyecto nacional que integre las acciones con un sentido de desarrollo inclusivo. Un sistema en el cual no operan los pesos y contrapesos necesarios para el control ciudadano en una república, lo que permite el enriquecimiento de los grupos de poder y promueve, por omisión de controles y su fundamento en relaciones clientelistas, la corrupción en cascada.
En nuestro país, tales grupos han conseguido blindar las leyes para mantener monopolios y oligopolios que elevan el costo de vida, hacen de Costa Rica uno de los países más caros y reducen la competitividad. Basta con citar dos de los casos más conocidos, el de las medicinas y el del cemento, distinguidos en la región y más allá por sus sobreprecios.
Teodoro Quirós, quien fue ministro de Agricultura en el primer gobierno de José Figueres Ferrer, en los años 50, cuando el país diversificó su economía, un activo liberacionista de aquellos tiempos, al ser entrevistado 40 años después sobre el papel de ese partido en el panorama nacional, dijo a la periodista Mercedes Ramírez, de canal 13: “Ahora es un grupo de amigos para hacer dinero”. Reafirmó, así, la mutación de un Estado con proyecto a uno patrimonialista.
Botín latinoamericano. Francis Fukuyama, en su documentado estudio sobre el auge y decadencia histórica de los Estados, destaca, empezando por China y la India y terminando en lo contemporáneo, que los períodos de auge se dieron cuando existió una conducción que integraba los esfuerzos alrededor de una visión viable.
Por el contrario, la decadencia y el colapso tuvieron lugar cuando se perdió la visión integradora y se instalaron regímenes patrimonialistas, caracterizados porque cada grupo de poder andaba por su lado. El auge se reafirma en nuestro país en los años cincuenta y sesenta, cuando había un rumbo del Estado inclusivo, alrededor del cual se articulaban los negocios, y no a lo inversa, como ha sucedido en las últimas décadas.
La repetida práctica latinoamericana, de que cada grupo una vez instalado en el poder coloca sus intereses en primer plano y se enriquece desde esta posición, ha gestado un sistema en el cual la corrupción corre en cascada por las estructuras públicas. En el que la práctica de considerar el Estado un botín se inicia en la cúpula y fluye por las relaciones clientelistas hacia abajo.
La práctica se extiende progresivamente a muchas de las organizaciones gremiales y estas terminan anteponiendo sus intereses de grupo al interés público.
En este contexto, del “primero estoy yo”, la corrupción se incuba y configura un sistema perverso e ineficiente. No interesa controlar los resultados, ni rendir cuentas, sino aparentarlo frente a las críticas, controlando procedimientos y reglamentos intrascendentes y formales que terminan entrabando el quehacer institucional. Llegue quien llegue, mientras no cambie el sistema, la corrupción tiende a reproducirse.
Violencia. Cuando la inequidad crece y la corrupción impune se hace cada vez más visible en las ventanillas, crece el malestar popular y se gesta un clima de agresión proclive al linchamiento.
La corrupción, sin embargo, no es un problema de puros frente a corruptos, ni solo de los hechos visibles en las oficinas, sino de todo un método que debe ser desmontado y transformado en una auténtica república controlada por la ciudadanía mediante un sistema de pesos y contrapesos.
Lo anterior requiere una reforma institucional con miras a acabar con el archipiélago institucional existente carente de instancias integradoras y de rendición de cuentas. De un proceso de reorganización institucional regional y territorial, con políticas nacionales que estimulen la organización, las iniciativas locales y los encadenamientos, y difunda las mejores innovaciones. En el que lo más avanzado de la ciencia y la tecnología adquieran dimensiones en las fortalezas locales y arraiguen a la población al mismo tiempo que generan una visión cosmopolita.
El cambio no se puede lograr de golpe, pero si hay visión nacional y la descentralización se realiza empoderando a la ciudadanía de organización, capacidad de gestión y de demandar cuentas, es posible conseguir un proceso acumulativo que, partiendo de las mejores prácticas, construya un nuevo sistema institucional.
Hemos sido configurados por un sistema patrimonialista y clientelista que no cambiará con buenos consejos; se requiere una conducción que estimule el empoderamiento organizacional de las comunidades y grupos que articulen el Estado e integren el haz de voluntades colectivo. Como dijo José Figueres Ferrer, “los hombres sin organización no tienen ningún poder”, ni pueden ejercer la ciudadanía, añado yo.
El autor es sociólogo.