Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia son devastadoras en el mundo. La mayoría de los países sufrieron profundas contracciones económicas en el segundo trimestre del año; sin embargo, a partir de junio, el desempeño de la economía mundial ha sido mejor de lo previsto.
Las economías avanzadas mostraron una significativa recuperación en el tercer trimestre y China reporta tasas de crecimiento interanuales positivas.
El comportamiento más favorable de muchas economías llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a ajustar, en octubre, su proyección de contracción mundial para el 2020, del 5,2 %, previsto en junio, al 4,4 %. Para el 2021 prevé un crecimiento del 5,2 % (5,4 % en junio).
La actividad económica costarricense tuvo una grave contracción en el segundo trimestre, con una caída interanual del producto interno bruto (PIB) del 8,6 %. El desempleo aumentó al 24,4 % en el trimestre a julio del 2020, aunque se moderó ligeramente al 23,2 % en los tres meses a agosto, y las tasas de subempleo y desempleo ampliado también se mantienen muy altas.
La tasa de pobreza subió 5,2 puntos porcentuales, al 26,2 %, aunque fue mitigada parcialmente por las transferencias del gobierno (bono proteger). La contracción económica repercute además en las finanzas públicas, principalmente como resultado de una menor recaudación tributaria.
La reapertura de la economía nacional en mayo, si bien con medidas de confinamiento intermitentes y focalizadas por la intensificación de la tasa de contagio entre junio y agosto, empezó a manifestar algunas señales de mejoría.
El índice mensual de actividad económica muestra un rebote en la tasa de crecimiento trimestral anualizada, que pasó del -28,8 % en mayo al -1,8 % en agosto. Otros indicadores, como alquileres, comercio exterior y ocupación de hoteles, dan indicios de una recuperación incipiente, que será apoyada en los meses que siguen por la reapertura gradual del turismo externo.
Revisión. En este panorama, en su reciente Informe de política monetaria, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) revisó sus proyecciones de crecimiento económico nacional al -4,5 % en el 2020, desde el -5 % previsto en julio pasado, y al 2,6 % en el 2021 (un 2,3 % en julio). Por otra parte, proyecta que la inflación se mantendrá baja en lo que resta del 2020 y en el 2021, con tasas promedio del 0,7 % y el 1,5 %, respectivamente.
En respuesta a la difícil situación económica y la baja inflación proyectada, el BCCR ha mantenido una política monetaria expansiva, pero prudente y responsable, para apoyar la estabilidad macroeconómica y financiera, el crecimiento económico y el empleo (como expliqué en mi artículo del 26 de agosto pasado).
Desde que nos azotó la pandemia, el BCCR ha reducido su tasa de política monetaria en 150 puntos base, para llevarla a su mínimo histórico (0,75 %).
Esto incidió en una significativa reducción en las tasas de interés y una mejoría en las condiciones crediticias. Además, el Banco ha inyectado liquidez en los mercados cuando ha sido necesario para aliviar tensiones sistémicas que pudieran generar ajustes abruptos en tasas de interés o amenazar la estabilidad financiera.
Línea de crédito. Recientemente, el BCCR introdujo una facilidad de crédito por ¢700.000 millones para que los intermediarios financieros los trasladen al sector privado en condiciones favorables. Se está trabajando con ellos para que finalicen sus planes de uso de los recursos y de esa forma desembolsar los fondos.
Las proyecciones del BCCR están sujetas a riesgos externos e internos. Un riesgo de cuidado para el crecimiento, a escala mundial, está asociado al curso de la pandemia. En varios países ha habido rebrotes conforme se han flexibilizado las medidas de contención.
Claro está, también existe la posibilidad de que el desarrollo de las vacunas y tratamientos contra la enfermedad facilite en el 2021 una recuperación económica mayor de lo previsto.
En el contexto interno, uno de los riesgos más relevantes es la situación fiscal. A consecuencia de la pandemia, se requiere un ajuste adicional al plasmado en la Ley 9635, de diciembre del 2018, a fin de restablecer la sostenibilidad de la deuda pública, como argumenté en mi artículo del 29 de setiembre.
Un atraso en la materialización del ajuste fiscal necesario o un ajuste insuficiente generarían creciente incertidumbre, reducción del financiamiento para el gobierno y una sostenida presión al alza en las tasas de interés y el tipo de cambio.
Lo anterior tendría un efecto en la estabilidad, la recuperación económica y el empleo. El riesgo aumentaría si los créditos multilaterales de apoyo presupuestario a tasas concesionales no fueran aprobados por la Asamblea Legislativa, forzando así al gobierno a contraer deuda más cara en el mercado local.
Situación fiscal. En ese sentido, es imprescindible que los sectores sociales tomen conciencia de la difícil situación fiscal que atraviesa el país y que se alcancen los acuerdos necesarios para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Además de resolver la grave situación fiscal, debemos también abordar los problemas estructurales que el país arrastra desde hace décadas y que limitan el crecimiento y el bienestar.
Se necesitan reformas de calado profundo que promuevan la productividad y reduzcan el costo de hacer negocios en el país (energía, factor trabajo, regulación), que fortalezcan la competencia, la educación y la infraestructura de transporte y de telecomunicaciones, que profundicen el comercio exterior y la atracción de inversión extranjera, y que mejoren la organización y eficiencia del sector público.
El debate en torno al ajuste fiscal no debe impedir la ejecución de la hoja de ruta trazada para la necesaria transformación estructural, en línea con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Costa Rica tiene la fortaleza institucional para superar la crisis y recuperar la senda del progreso económico y social. Debemos trabajar juntos, con visión, cordura y prudencia para alcanzar ese objetivo.
El autor es presidente del Banco Central de Costa Rica.