Después de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, no esperemos una reactivación económica automática. Lo conseguido por el gobierno y el Congreso es poner un parche provisional a los graves problemas fiscales por el mal manejo financiero de los últimos cuatro años.
La expansión de salarios y gastos produjo un hueco fiscal de ¢600.000 millones que causó una grave crisis de caja, lo cual obligó a la administración Alvarado a aumentar las tasas de intereses en dólares y en colones, y recurrir a letras del tesoro para hacer frente a las obligaciones con los acreedores a corto plazo.
Las tensiones financieras produjeron un aumento en el dólar y en la dolarización de los ahorros ante una desaceleración económica y una preocupante desconfianza de los inversionistas. Crisis que se acentuó después debido a la prolongada huelga de los empleados públicos en defensa de sus privilegios sin preocuparse de los serios problemas del país.
Con la desaceleración de la economía y la desconfianza, se paralizó la inversión y se acentuó la grave situación financiera que está afectando hoy a 294.000 costarricenses desocupados y a más de un millón de trabajadores informales, que representan el 46,1 %, de los cuales el 41 % recibe menos del salario mínimo. Trabajadores no sujetos de crédito y que no aportan a la seguridad social. Con el agravante de que esta cifra de informalidad y pobreza va en aumento. Son trabajadores que enfrentan una estructura estatal llena de amarras en una economía apática.
No cabe duda de que crear nuevos empleos es complejo, cuando la tramitomanía, las altas cargas sociales, los elevados costos de logística, las casi prohibitivas tarifas energéticas y las injustas tasas de intermediación financiera hacen cada vez más intrincado crear nuevas empresas. Si queremos revertir esta tendencia, debemos evaluar bien la competitividad de nuestro sistema educativo, las decenas de instituciones públicas, los monopolios públicos y los oligopolios privados.
Costa Rica ha tenido varios gobiernos cuya filosofía fue endeudarse para pagar gasto ordinario. Lo preocupante es que ese dinero pedido prestado no se utilizó para invertir en infraestructura, sino para financiar el creciente gasto público, muy concentrado en remuneraciones y nuevas instituciones que en muchas ocasiones duplican funciones en forma ineficiente y cuya medición de productividad nunca se ha dado.
Coyuntura fiscal. No avanzaremos si no aplicamos la regla fiscal en función del cociente de la deuda/ PIB para moderar el crecimiento del gasto, que se ha disparado en el sector público al dar una serie de privilegios en remuneraciones que son insostenibles financieramente.
Si queremos reactivar la inversión y el empleo, tenemos primero que crear confianza en que vamos por el camino correcto. No puede ser que el gobierno malgaste más de ¢1,5 billones por una deficiente asignación de los recursos para el pago de remuneraciones, compras mal estructuradas al no tener un sistema digital unificado y una serie de transferencias que no son evaluadas.
El 43 % del gasto del Estado, equivalente al 14,5 % del PIB, se va en salarios, cifra muy superior a la planilla en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que operan con alta competitividad gastando solo el 24 % del PIB en este rubro.
Hemos equivocado la ruta para atender la pobreza al optar durante varias décadas por un andamiaje de instituciones costoso e ineficiente. No cabe duda, la prioridad es aprobar un proyecto de empleo público que venga a ordenar las remuneraciones, evaluaciones, controles, idoneidad e incentivos de productividad. No podemos seguir financiando más gasto ordinario con financiamiento.
Eurobonos. Este año seguiremos teniendo un serio problema de caja, y está claro que es necesario refinanciar la deuda para reducir la presión que está aumentando las tasas de intereses; no obstante, hay que ser muy prudente para medir el riesgo cambiario y precio. Este año se requiere refinanciar $1.800 millones entre el mercado interno y el externo; en el 2020, $1.850 millones; y en el 2021, $2.300 millones. Los eurobonos deben tener un destino específico: refinanciar deudas a largo plazo.
Evidentemente, los inversionistas nos van a castigar si no observan una política de austeridad y reactivación. Todo inversionista va a evaluar el manejo de las finanzas públicas y la racionalización de nuestro gigantesco Estado. Los inversionistas son cada vez más cuidados y profesionales al medir el riesgo, que al final se traduce en costos.
Medidas urgentes. Lo prioritario es reactivar la inversión y el empleo. Posponer más la aprobación de los proyectos de ley sobre la reforma al Código de Trabajo, en lo referente a huelgas en el sector público, así como sobre el empleo público, el teletrabajo y la flexibilidad laboral será fatal.
Por otro lado, todo el aparato estatal debe utilizar el Sistema de Compras Públicas (Sicop), el gobierno debe fortalecer la plataforma APC para todos los requisitos de aprobación de permisos de construcción y obligar a las instituciones a tener mecanismos para hacer trámites en línea.
El reglamento de Acueductos y Alcantarillados para permisos de disponibilidad de agua debe ser reformado, así como el Consejo Nacional de Concesiones, que además debe reforzarse con nuevos recursos humanos y tecnológicos.
En la lista de urgentes está dedicar a Setena a ver proyectos de alto impacto ambiental y a evaluaciones estratégicas, mejorar las aduanas y puestos de migración, ofrecer mayor vigilancia a los destinos turísticos, aprobar las leyes para el ingreso a la OCDE, trabajar planos finales con todos los estudios para evitar atrasos y sobrecostos que encarecen la obra pública, regresar al mercado de las alianzas público-privadas (APP) con proyectos líderes, optimizar activos existentes mediante las APP, permitir la depreciación acelerada de las nuevas inversiones, fortalecer a Cinde en la atracción de inversiones de infraestructura, industria, servicios y agricultura, establecer conexiones con fibra óptica en todos los centros de enseñanza pública con financiamiento de Fonatel, fortalecer a las autoridades de competencia y ordenar el régimen de exenciones.
Pero eso no es todo. Debe promoverse la innovación en los sectores público y privado, reducir el encaje legal del BCCR, reducir la base mínima contributiva a la CCSS, disminuir el impuesto sobre la renta al 25 % y atacar la evasión y elusión. Todas las instituciones públicas deben trabajar con planificación, coordinación, transparencia, prioridades y productividad.
El desarrollo basado en el crecimiento económico es y siempre será la única vía sostenible para generar un mayor bienestar y erradicar la pobreza. Apoyemos más libertad económica con mayor responsabilidad social.
El Estado debe considerar prioritario apoyar la industria nacional cuando se dan las condiciones de precio y calidad que ofrecen las firmas extranjeras.
El autor es ingeniero.