No lo puedo entender. Personas que proclaman su apoyo a las garantías sociales, costarricenses que se ufanan de las conquistas y los progresos de nuestro país en el campo social pretenden destruir una de las grandes reformas de nuestro tiempo.
Diputados de diversos partidos políticos presentaron un proyecto, anunciado con bombos y platillos, el 20 de marzo, en una conferencia de prensa, que en pocas líneas acaba con el aporte central de la Ley de Protección al Trabajador.
Promovimos la transformación de la cesantía y la creación de un sistema complementario de pensiones, preocupados por los problemas que enfrentaría, y ya enfrenta, nuestra previsión social basada en el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).
Ese sistema, como casi todos los de fondo común en manos estatales, se había convertido ya en un régimen de reparto. Mientras los trabajadores iban incorporándose al sistema y faltaban muchos años para su jubilación, y mientras la población trabajadora activa crecía aceleradamente por la alta tasa de natalidad imperante y por la incorporación de mujeres a la fuerza laboral, el IVM floreció sin problemas.
Pero incluso en esas condiciones se fue debilitando actuarialmente por los atrasos en el pago de las cuotas estatales y la colocación de las reservas en bonos del Gobierno, emitidos con ese fin y devengando muy bajas tasa de interés.
Menos cotizantes. En los 90, sabíamos que enfrentábamos un cambio poblacional. La caída de la natalidad y la extensión de la expectativa de vida envejecerían, aceleradamente, nuestra población.
Ese cambio demográfico significa una disminución abismal del número de trabajadores cotizantes por pensionado, lo cual tiene como consecuencia, como ya ha ocurrido y puede ocurrir de nuevo en el futuro, en mayor medida, que el monto de las pensiones de IVM sufran grandes reducciones respecto al salario devengado por quienes se jubilan en sus últimos años laborales.
Por eso, fue aprobada la Ley de Protección al Trabajador. Para enfrentar esa circunstancia y lograr que todo empleado tuviera una pensión complementaria que —con una vida de trabajo— le permitiera adjuntar otro ingreso por el orden del 20 % de sus últimos salarios. Así, se compensa la disminución de la pensión del régimen básico, que ya se ha dado y puede suceder en mayor medida si no se actúa para sanear actuarialmente el IVM.
El Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) fue creado para eso, como sistema de capitalización a nombre del trabajador, para que sea la fuente de su futura pensión y para defenderlo de la voracidad fiscal. Ahora, alegremente, pretenden destruirlo.
Desembolso inmediato. El proyecto de ley que comento es muy sencillo: autoriza para que, al momento de pensionarse por un régimen básico, fundamentalmente el IVM, se le entregue al trabajador el monto acumulado en su cuenta individual administrada por la operadora de pensiones escogida por él.
El resultado es muy simple. La sicología y la experiencia lo explican. La gran mayoría de las personas recogerían el capital acumulado en lugar de dejarlo para, con ese dinero más los intereses devengados, recibir mensualmente una pensión complementaria.
Los humanos valoramos el presente mucho más fuertemente que el futuro. Y una vez recogido ese capital, se gasta en pocos años y luego la familia queda en enormes necesidades, en muchos casos caería en la pobreza y buscaría el socorro del Estado.
Para evitar escenarios de esa naturaleza, surgieron las pensiones en el siglo XIX. Para evitar que las familias tuvieran pensiones muy bajas se creó la Ley de Protección al Trabajador y el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) en el siglo XX. Y ahora en el siglo XXI se pretende destruir ese enorme avance social.
¿Qué seguiría? ¿Ganar popularidad irresponsablemente repartiendo a los trabajadores cada año las cuotas que se pagan al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte?
Costarricenses, defendamos las garantías sociales.
marodrige@gmail.com
El autor es expresidente de la República.
