Miguel Sobrado. 12 julio

El malestar crece en la población, pues ve crecer los ingresos globales y al mismo tiempo la desigualdad. Mientras el consumo de un 20 %, vinculado a la nueva economía y al poder, aumenta, el grueso de la gente está estancada o en un proceso de franco deterioro.

El desempleo y la informalidad están en una alza peligrosa y las noticias sobre corrupción y privilegios se desbordan en un marco de pasiva impunidad, generando desesperanza y resentimiento.

Un gobierno que goce de un respaldo creciente está en capacidad de proponer y presionar para que los cambios institucionales se realicen en la Asamblea Legislativa o mediante referendo.

Como la corrupción es un problema visto como producto de la falta de ética y moral, y no se perciben sus causas en el sistema patrimonialista de gobierno, todos quieren sacar algo del Estado, ninguno desea aportar “para que no se lo roben”.

Con la llegada de un nuevo gobernante “de manos limpias” y se repiten los problemas derivados de la “organización” institucional, la normativa e inercia del sistema, cunde la desmoralización y pérdida de fe en la recién entronizada administración. Aflora la frustración, la impotencia y la disposición al linchamiento. La intolerancia y la violencia se van consolidando en las redes y en las relaciones sociales.

Frente a la desesperanza y la falta de alternativas, se va creando paulatinamente un clima fértil para un gobierno autoritario y dictatorial, que en nombre de dios o de un líder pida poner fin al “imperio del mal”. Pero ¿es la dictadura una alternativa en nuestra América? Definitivamente no, la historia está plagada de dictadores que llevaron la violencia, el hambre y la tragedia a sus pueblos. Si este no es el camino, y la legalidad democrática está blindada por leyes y reglamentos de los grupos patrimonialistas que entorpecen, cuando no imposibilitan el cambio, ¿cuál es la alternativa?

Integración. Pienso que es con más democracia y cambios políticos, y esto es estratégico, que incorporen y abran la participación, mediante políticas de integración organizada, de las poblaciones hoy excluidas del proceso de desarrollo. Que abra la tecnología aplicada a las condiciones locales, con software libre, como lo que está haciendo Arnoldo Mora Vaglio junto con los estudiantes del colegio de Sixaola.

Tales acciones deben conducir, aprendiendo de las mejores prácticas, a una reforma educativa que actualice nuestro sistema y nos prepare para el siglo XXI.

Al mismo tiempo que se transforma la educación para los niños y jóvenes, impulsar, mediante capacitación masiva, a la población con responsabilidades para gestar encadenamientos productivos y cívicos.

Por otra parte, en el plano táctico, es preciso que un gobierno de cambio sepa construir autoridad y respaldo con pequeños logros, en campos sensibles para la población, que tengan poder acumulativo.

Estamos programados para la desesperanza de la corrupción patrimonialista, pero no estamos determinados. No vamos a cambiar con sermones ni moralinas, sino con actividades que evidencien que otro mundo es posible; que nos reprogramen y capaciten para un Estado ciudadano.

Asignar responsabilidades. Por ejemplo, en nuestro caso, en el campo de la salud, demostrar que con buena organización y anteponiendo los intereses de los usuarios, es posible reducir la listas de atención en los hospitales. Varios hospitales pueden ser destacados para la rendición de cuentas, de cara a la prensa nacional, la Defensoría de los Habitantes y el Estado de la Nación, y proponer metas y compromisos públicos para los otros centros médicos y clínicas.

Una situación similar es posible en obras públicas y movilidad destacando a los mejores equipos de trabajo y colocar en primer lugar los intereses de los usuarios en la gestión pública. En seguridad, las mejores prácticas serían el resultado de establecer metas locales progresivas.

Todo ese trabajo debe ser coordinado con las organizaciones comunales, empresariales y cooperativas locales y regionales para que se conviertan en gestores y auditores de la labor pública. Así se crea una sólida base de gestión y gobierno.

De un trabajo que empieza por metas pequeñas, pero viables y acumulativas, surgen planes y compromisos para cada año, de cuyo cumplimiento serán garantes los ministros, presidentes ejecutivos y juntas directivas de instituciones autónomas.

Poco a poco. La viabilidad de esta propuesta, que parte de pequeñas metas, radica en que por ser pequeñas, siempre que sean relevantes y sensibles para la población, su cumplimiento genera autoridad y respaldo para el gobierno, lo cual, a su vez, le permite evidenciar ante la gente las normativas y las trampas institucionales que mantienen los privilegios y la corrupción.

Un gobierno que goce de un respaldo creciente está en capacidad de proponer y presionar para que los cambios institucionales se realicen en la Asamblea Legislativa o mediante referendo.

Desde luego, no es una tarea fácil e implica, no solo la convicción de que es la forma de salvar la democracia, sino también la determinación del presidente y el Consejo de Gobierno de destituir a los jerarcas si incumplen los compromisos adquiridos frente a la población.

De tal forma, entre las políticas inclusivas, que incorporan el conocimiento a nuestra realidad y dinamizan el potencial organizativo, y una consecuente y rigurosa gestión acumulativa, es posible construir, todos juntos y en democracia, el Estado que necesitamos.

Es una época necesitada de abrirse a nuevos paradigmas para evitar el camino al despeñadero por el que transitamos.

El autor es sociólogo.