Poco después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a los nuevos gobernantes del país. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro que asumió el poder tras su detención y traslado a Estados Unidos, estaba “haciendo un gran trabajo”, afirmó Trump, y añadió que “el petróleo está empezando a fluir, y grandes cantidades de dinero, que no se veían desde hacía muchos años, pronto ayudarán enormemente al pueblo de Venezuela”.
A juzgar por las declaraciones de Trump, Venezuela debería estar en pleno apogeo. Y, según el indicador favorito de Trump, lo está: la producción de petróleo ha aumentado, aunque modestamente, de 908.000 barriles diarios a finales de 2025 a 1,03 millones en abril. Dado que Estados Unidos efectivamente supervisa los ingresos petroleros del país, el crudo venezolano -que antes se vendía con fuertes descuentos como consecuencia de las sanciones estadounidenses- ahora se cotiza a un precio mucho más cercano a los índices de referencia internacionales, inusualmente altos gracias a la guerra con Irán. En teoría, Venezuela debería estar inundada de dólares, pero ¿es así?
Los datos macroeconómicos cuentan una historia radicalmente diferente a la narrativa triunfalista que proviene de Caracas y de Washington. Desde la destitución de Maduro, el tipo de cambio oficial se ha depreciado en más de un 70%. Durante el mismo periodo, el precio del dólar en el mercado paralelo ha subido de 585 bolívares a más de 730 –lo que supone una prima del 32% por encima de la tasa oficial–.
No es esto a lo que se asemeja un auge petrolero. Cuando los países experimentan un aumento de los ingresos por exportaciones, entran divisas extranjeras y las monedas tienden a estabilizarse o a apreciarse. Venezuela va en la dirección contraria: su moneda se está depreciando vertiginosamente, la inflación se acelera, la actividad económica se debilita y los dólares escasean.
¿Dónde están los petrodólares de Venezuela? Fuera de los círculos más cercanos a Trump y a Rodríguez, nadie lo sabe. Y ninguno de los dos gobiernos se ha preocupado por compartir esa información básica.
Esta opacidad se ha convertido en la característica que define a la nueva economía política de Venezuela. Los ingresos petroleros del país hoy están fluyendo hacia cuentas gestionadas por el Tesoro de Estados Unidos bajo la dirección del secretario de Estado, Marco Rubio, prácticamente sin que haya ninguna rendición de cuentas pública ni sobre las sumas involucradas ni sobre cómo se han utilizado estos fondos.
La única excepción se produjo en febrero, cuando la presión del Congreso norteamericano obligó a Rubio a revelar la transferencia de 500 millones de dólares en ingresos petroleros a Venezuela. Pero esa cantidad representa solo una fracción de lo que deberían haber generado las exportaciones petroleras del país. Desde entonces, no se han divulgado cifras adicionales.
El control operativo del sector petrolero de Venezuela parece estar concentrado en la Casa Blanca, donde el flamante Consejo Nacional de Dominación Energética de Trump desempeña un papel central. El nombre por sí solo deja muy en claro las prioridades de la administración: Venezuela no se considera un proyecto de reconstrucción democrática, sino un activo estratégico de hidrocarburos al servicio del poder estadounidense.
En los sistemas políticos rentistas, la opacidad no es una falla; es parte del diseño. Por ejemplo, las nuevas leyes de hidrocarburos y minería de Venezuela –redactadas, según se informa, con una fuerte participación de Estados Unidos y aprobadas con celeridad por la Asamblea Nacional de Venezuela– le brindan al gobierno una discrecionalidad sin precedentes sobre las condiciones de los contratos. La licitación competitiva ha dado paso a acuerdos negociados individualmente con una supervisión y una divulgación mínimas.
El secretismo reestructura los incentivos. Los sistemas transparentes limitan la discrecionalidad, mientras que los opacos permiten que se beneficien los insiders políticos y los intermediarios favorecidos. Ya se rumorea que los allegados de Trump han conseguido acuerdos favorables de explotación petrolera. Que los rumores sean ciertos es prácticamente irrelevante, ya que la opacidad hace imposible la verificación.
La misma lógica parece estar impulsando la inminente reestructuración de la deuda de Venezuela. Las renegociaciones de la deuda soberana suelen comenzar con un análisis de sostenibilidad realizado por el Fondo Monetario Internacional para determinar cuánta deuda puede pagar un país sin comprometer su estabilidad y recuperación. Ese análisis establece una trayectoria de pago sostenible y les brinda a los gobiernos una ventaja en las negociaciones con los acreedores.
Los fondos buitre, que hoy se encuentran entre los mayores acreedores de Venezuela, se oponen a ese proceso porque suele conllevar recortes más profundos y una supervisión más estricta. Prefieren una reestructuración sin el FMI –una estrategia que parece ser la que está siendo implementada–. En lo que constituye un alejamiento del principio tradicional del trato preferencial a los acreedores multilaterales, esto desplazaría el poder de negociación hacia los actores privados deseosos de maximizar los retornos a corto plazo, incluso a riesgo de cargar a Venezuela con una deuda insostenible.
El indicio más claro de las prioridades de la administración Trump es lo que ya no ocupa un lugar destacado en el discurso oficial. La política estadounidense hacia Venezuela antes se enmarcaba en torno a las elecciones democráticas, al orden constitucional y a los derechos humanos. Hoy, prácticamente no existe presión para establecer un calendario electoral, nombrar un consejo electoral independiente o reabrir el censo electoral a millones de venezolanos en el extranjero y a los jóvenes en el país. Tampoco se está haciendo mucho por garantizar el regreso seguro de la líder opositora exiliada y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Estados Unidos, en la práctica, ha cambiado las libertades políticas y civiles por el acceso al petróleo.
Por su parte, la represión del régimen no da señales de remitir. Según Foro Penal, un grupo de derechos humanos que asiste a víctimas de detenciones arbitrarias y a sus familias, 473 presos políticos permanecen entre rejas. Desde la captura de Maduro, el 3 de enero, se ha informado de que más de 80 personas han sido detenidas por motivos políticos.
El caso de Víctor Hugo Quero Navas es especialmente revelador. Tras su detención, en enero de 2025, su familia realizó repetidos intentos por localizarlo, solo para ser informada el mes pasado de que había fallecido en julio de 2025 mientras se encontraba bajo custodia. No se ha dado ninguna explicación y nadie ha sido procesado.
Esto ayuda a explicar el creciente malestar de los venezolanos. Muchos temen que el país se esté deslizando hacia un nuevo equilibrio en el que las elecciones, la reconstrucción institucional y la reforma democrática se aplacen indefinidamente porque son demasiados los actores poderosos que se benefician del statu quo.
Para las élites gobernantes de Venezuela, la opacidad garantiza la supervivencia; para sus pares en Estados Unidos, crea oportunidades de negocio. El resultado es una sorprendente convergencia de intereses: los cleptócratas venezolanos obtienen un salvavidas político y protección internacional, mientras que los actores bien relacionados en Estados Unidos se aseguran un acceso privilegiado a los activos petroleros y a acuerdos financieros lucrativos.
Mientras los acólitos de Trump y los leales a Maduro se enriquecen, el bolívar se hunde, los precios suben y los venezolanos de a pie se ven obligados a ver cómo ambos grupos se reparten su país. Los cleptócratas ya no necesitan aislarse para sobrevivir. Asociarse con otros cleptócratas, al parecer, resulta mucho más rentable. ¡Únanse, cleptócratas del mundo!
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Ricardo Hausmann es exministro de Planificación de Venezuela y execonomista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo; es profesor de la Harvard Kennedy School y director del Harvard Growth Lab. Copyright: Project Syndicate, 2026.