La presidenta Laura Fernández se ha topado en el gobierno con un bocado difícil de digerir.
Las agudas carencias fiscales, cercanas a la crisis, han doblegado la posibilidad de hacer obra y extender servicios públicos ya de por sí precarios. Por esto, es difícil proyectar la imagen de gobierno constructor o benefactor, sobre todo ante el imperativo de aumentar impuestos y ampliar recortes a la inversión y a los gastos del Estado. Peor aún, ni siquiera puede trasladar la culpa a su antecesor y hoy superministro, porque en campaña predicó la continuidad. Lo mismo ocurre con la inseguridad.
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La incertidumbre afecta varios frentes. La situación económica se ha enredado. La inversión perdió dinamismo. Los empleos no crecen. El fenómeno meteorológico El Niño golpea el agro e impulsa los precios.
La extendida guerra en Irán dispara los costos del petróleo, fertilizantes y otros insumos, que se trasladan a los consumidores. La revaluación del colón debilita a los exportadores y productores nacionales. Desde hoy, Estados Unidos subirá del 10% al 12,5% los aranceles a múltiples productos y países, entre ellos Costa Rica, y subsiste el riesgo de otros más. En suma, la situación es en extremo difícil para que la presidenta avance hacia el objetivo central de los buenos gobiernos: mayor bienestar.
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Ante esta tormentosa coyuntura, aún poco reconocida, el Ejecutivo debería buscar amplios acuerdos para construir una sólida estrategia de control y avance. Sin embargo, más allá de algunos artilugios fiscales, sigue optando por la virulencia retórica, los conflictos orquestados y los ataques contra el Estado de derecho, en particular el Poder Judicial. Este es su gran eje de continuidad, con dos aspiraciones: la distracción popular y el impulso a la hegemonía política, pero no generando avances tangibles, sino intentando doblegar defensas institucionales, sociales, empresariales y gremiales.
Quizá a la presidenta y a su proyecto político les alcance esta cuerda por algún tiempo para vender humo y cumplir algunos objetivos de control. Pero la realidad es testaruda. Una cosa son el color de los uniformes penitenciarios o las pruebas de polígrafo; otra, el costo de vida, la seguridad en el barrio, el acceso a la salud y el empleo. Si estos no mejoran, los otros difícilmente se sostendrán.
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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.