Desde el mes pasado, una amplia mayoría de los asesinatos están vinculados al crimen organizado
Andrés Fernández Arauz
Cuando las autoridades o los medios de comunicación reportan la alarmante situación de la violencia, usualmente publican la cantidad de homicidios acumulados en el año y la tasa de homicidios anual (número de muertes por cada 100.000 habitantes).
Una forma alternativa de comprender la evolución de los homicidios en el país es analizando la tasa interanual, es decir, la de homicidios durante los últimos 12 meses, medida mes a mes, y no solo en diciembre de cada año.
Los datos de acceso público del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el período que comprende de octubre del 2017 a setiembre del 2023, revelan que de setiembre del 2018 a julio del 2019 la tasa decreció de 11,6 a 10,1 muertes por cada 100.000 habitantes, pero fue una reducción esporádica.
En noviembre del 2019, subió nuevamente a 11 muertes por cada 100.000 habitantes y se mantuvo entre 11 y 11,5 durante 26 meses consecutivos hasta diciembre del 2021. En enero del 2022 se inició el incremento que la colocó en 12 asesinatos por cada 100.000 habitantes (agosto del 2022).
Desde ese momento, la historia es otra. Si bien es cierto que transcurrieron más de dos años para que la tasa interanual de homicidios creciera un punto completo (de 11 a 12), para crecer otro punto y alcanzar las 13 muertes por cada 100.000 personas solo se requirieron seis meses (enero del 2023).
Y para pasar de 13 a 14, solo transcurrieron cuatro meses (abril del 2023). Tres meses más para superar la tasa de 15 (junio del 2023) y apenas dos meses para rebasar el umbral de las 16 muertes por cada 100.000 habitantes (agosto del 2023).
En el último año y medio, el crecimiento fue exponencial, ya que en marzo del 2022 fue la última vez en que se registró una leve disminución de la tasa interanual de homicidios, que alcanzó 16,6 muertes por cada 100.000 habitantes en setiembre de este año.
Antes del 2022, a la delincuencia organizada se debían poco más de la mitad de los homicidios dolosos (un 55 %), pero en setiembre del 2023 una amplia mayoría de los asesinatos están vinculados a esta actividad delictiva (un 70 %). Se debe a que desde mayo del 2022 más del 90 % del aumento deriva del crimen organizado.
Nueve cantones concentran la mitad de este tipo de ajusticiamientos que, con excepción de San José y Alajuela, todos son costeros o fronterizos, incluidos Limón y Puntarenas centro.
El caso más llamativo es sin duda el de Nicoya, donde durante años no ocurrieron muertes causadas por el crimen organizado, y que desde junio del 2022 ya registra 21 asesinatos por este motivo.
En Matina y Limón, la tasa interanual de homicidios ya alcanzó niveles desproporcionados: más de 87 muertes por cada 100.000 habitantes.
Las costas y fronteras del país son sitios de enorme actividad delictiva. Mientras la tasa interanual de homicidios pasó de 8,2 a 10,8 en el último año (setiembre del 2022 a setiembre del 2023) en los cantones que no forman parte de la periferia del país (incluida la Gran Área Metropolitana), esta aumentó de 19,9 a 28,6 en los cantones costeros y fronterizos, en donde el 75 % de los asesinatos se deben al crimen organizado.
Al evaluar el período de mayo del 2014 a setiembre del 2022, la Contraloría General de la República (DFOE-GOB-IF-00017-2022) alertó que el país carece de una estrategia integral sobre seguridad ciudadana y justicia, que existe descoordinación entre los actores encargados de la seguridad y que las pocas acciones se establecen a corto plazo.
El ente contralor puso de relieve que en Costa Rica no se cuenta con una política que brinde orientaciones a mediano y largo plazo, ni con mecanismos formales y permanentes para la revisión de objetivos, prioridades y seguimiento de resultados de los actores del sector.
El gobierno tiene hasta setiembre del 2024 para elaborar y publicar la nueva política de seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, deberá tomar medidas para, cuando menos, reducir la velocidad con que crece la violencia en el país, incluidos los proyectos de ley anunciados por los poderes de la República en días recientes.
Pero de una política clara, objetiva y participativa dependerá no solo el rumbo de la violencia en los próximos años, sino también las posibilidades de mejora de la competitividad y el progreso económico y social.
