Las democracias no comienzan a caer el día en que se clausura un tribunal, se persigue a un periodista o se desconoce una elección. Para entonces, algo más profundo ya ocurrió: esas acciones dejaron de parecer inconcebibles. Alguien les puso otro nombre, revistiéndolas de necesidad, y con eso ya convenció a una parte de la sociedad de que no constituyen una agresión contra la democracia, sino su salvación.
La erosión democrática suele arrancar mucho antes que los hechos. Comienza en las palabras.
Las recientes declaraciones de la presidenta Fernández contra la Sala Constitucional deben preocuparnos como sociedad. No solamente porque calificó una resolución de esa Sala como “golpe de Estado judicial” y llamó ‘golpistas’ a los magistrados que la aprobaron, sino por el efecto político que pretende producir esa elección del lenguaje.
La presidenta no se limitó a discrepar de una sentencia ni a ofrecer una interpretación distinta sobre las competencias de la Sala Constitucional y de la Asamblea Legislativa –para lo cual tiene derecho, faltaba más–, sino que transformó una controversia institucional en una acusación de ruptura del orden democrático. Convirtió a jueces de la República en presuntos enemigos del país y colocó sobre ellos una palabra que remite a la usurpación del poder y a la destrucción de las instituciones. Muy a tono con una corriente política global actual, pero nada afinada con las formas políticas propias de Costa Rica.
Y son palabras que no fueron pronunciadas por una persona cualquiera en una conversación privada. Procedieron de la Presidencia de la República, acompañadas por autoridades del oficialismo y de la Asamblea Legislativa. En política, el peso de una expresión no depende únicamente de su significado, sino también del poder de quien la pronuncia, del lugar institucional desde el cual lo hace y de su capacidad para orientar percepciones y conductas.
No olvidemos: un clima de violencia verbal puede hacer más transitable el paso hacia formas concretas de hostilidad.
Esto no significa que toda palabra agresiva produzca inevitablemente violencia física. La relación entre discurso y acción no es mecánica. Pero esto tampoco quiere decir que el lenguaje sea inocuo.
La violencia verbal modifica las condiciones sociales y morales que contienen la violencia material. Reduce inhibiciones, fabrica enemigos, distribuye culpas, legitima hostilidades y amplía el campo de lo que una sociedad está dispuesta a tolerar. No obliga necesariamente a actuar, pero vuelve ciertas acciones pensables. Y aquello que se vuelve pensable puede terminar pareciendo aceptable.
Las palabras no solo describen la realidad: también actúan sobre ella. Mediante ellas acusamos, amenazamos, legitimamos, excluimos y ordenamos el mundo. Llamar “golpista” a un magistrado no es una descripción neutral. Es un acto de deslegitimación. Lo sitúa fuera del espacio del desacuerdo democrático y lo presenta como alguien que amenaza el orden que juró proteger.
Si los jueces son golpistas, sus resoluciones dejan de ser simplemente discutibles y pasan a considerarse agresiones y, en el mejor de los casos, esto lo entiende la presidenta. Si el tribunal ejecuta un golpe, respetar sus decisiones puede presentarse como sometimiento. Y si la democracia está bajo ataque, actuar contra quienes supuestamente la amenazan puede parecer una forma legítima de defensa.
Ese desplazamiento debería alarmarnos.
Una democracia necesita que sus instituciones puedan ser criticadas con firmeza. Los tribunales no son infalibles ni deben gozar de inmunidad frente al escrutinio público. Pero existen diferencias esenciales entre cuestionar una sentencia y negar la legitimidad democrática de quienes la dictaron, y entre afirmar que una resolución es jurídicamente errónea y acusar a sus autores de ejecutar un golpe de Estado.
La democracia no exige cortesía permanente, pero sí exige conservar la distinción entre adversario y enemigo.
El análisis crítico del discurso permite observar lo que ocurre debajo de estas palabras. El lenguaje político no es un simple vehículo para transmitir ideas: es una práctica mediante la cual se ejercen y disputan relaciones de poder. Las palabras seleccionan una versión de la realidad, distribuyen responsabilidades y proponen una manera de interpretar el conflicto.
A su vez, la disputa ocurre también sobre el significado de las palabras “democracia”, “pueblo”, “justicia”, “libertad” o “golpe de Estado”. Quien logra controlar esos significados puede presentarse como defensor de la democracia mientras debilita sus controles, y esto lo saben quienes asesoran a la presidenta Fernández.
Se ha dicho antes: las democracias actuales ya no siempre caen mediante tanques, cuarteles o parlamentos clausurados. También pueden deteriorarse lentamente, desde dentro, por autoridades elegidas que desacreditan a las instituciones encargadas de limitar su poder. Los tribunales continúan abiertos, la prensa circula y las elecciones se celebran, pero cada contrapeso pierde legitimidad y cada expresión de disenso tiene un costo mayor.
El discurso cumple una función decisiva en ese proceso. Antes de debilitar una institución, conviene erosionar la confianza social que la sostiene. Antes de desconocer sus decisiones, resulta útil presentarla como parcial, corrupta o enemiga. La deslegitimación discursiva prepara la intervención institucional.
Defender la democracia no significa pedir silencio ni una política sin conflicto; desde luego que no. La discusión intensa es parte de su vitalidad. Lo que una democracia no puede normalizar es que cada límite sea llamado golpe, cada adversario sea convertido en traidor y cada desacuerdo sea presentado como una amenaza existencial.
Las democracias pueden sobrevivir a muchas palabras irresponsables. A lo que difícilmente sobreviven es a una sociedad que deja de reconocerlas como tales.
Tal vez no escuchemos el momento exacto en que una democracia comienza a caer. Las instituciones seguirán funcionando y las autoridades conservarán sus cargos. Pero antes de ese silencio, suele haber mucho ruido: acusaciones desmedidas, enemigos fabricados y palabras repetidas hasta que la excepción empieza a parecer normal.
Por eso, conviene escuchar con atención. Las democracias también comienzan a perderse cuando dejamos de reconocer la violencia mientras todavía es verbal.
josedaniel.rodriguez@ucr.ac.cr
José Daniel Rodríguez Arrieta es politólogo, M. Sc. en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR).