El elenco de errores oficiales para mantener vivo a Bancrédito da grima. Lo triste es que la saga aún no termina. Vendrán nuevos y más costosos episodios (con cargo a los contribuyentes) hasta que, por fin, se escriba su epitafio.
Históricamente, (casi) todos los gobiernos le han inyectado altas dosis de recursos a ese banquito económicamente inviable (por su pequeñez y redundancia con la banca pública) para no provocar el repudio electoral de los cartagineses. Ningún presidente, ni ministro de Hacienda se ha querido comprar ese pleito. ¿Actúa igual el dúo actual?
Desafortunadamente, sí. Alguien los pintó con descarnada nitidez: a menos de generar una “crisis”, el gobierno (PAC) demostraría que sí puede gobernar. ¿Cuál sería esa supuesta crisis? No sería cambiaria, monetaria, ni fiscal; las condiciones subyacentes no están para ello, al menos en lo que resta de este Gobierno. Quizás, se refería al cierre de Bancrédito. Les aterra. Don Luis Guillermo descalificó a quienes sugirieron hacerlo al decir que le costaría al país un 2% del PIB (cifra contradicha técnicamente por otros analistas) y se empeña en mantenerlo vivo, con respiración artificial, a la espera de un milagro.
La directriz presidencial que conmina a las instituciones a mantener sus depósitos (recursos públicos, no privados), no hará el milagro. Juega con fuego al forzarlas a asumir riesgos en detrimento de sus patrimonios. También es cuestionable legal y económicamente obligar a los bancos estales a mantener cuantiosas inversiones en contra del criterio técnico de sus funcionarios (solo el BCR tiene ¢76.481 millones) y, en cuanto a don Helio, arriesgar recursos presupuestarios (casi ¢400.000 millones y algo más en dólares) es una aventura que lo descalifica ética y técnicamente para exigir una reforma tributaria.
¿Soluciones? Sí, claro. Varias personas han propuesto cerrarlo ordenadamente (eutanasia) conforme a la legislación aplicable: intervenir, cesar operaciones y liquidar activos para pagar pasivos, como debe ser; alternativamente, se podría fusionar con otro banco estatal, desaparecer a Bancrédito y trasladar a Hacienda eventuales pérdidas (si las hubiere); otra, más audaz, sería venderlo mediante ley especial por un monto superior al valor de su patrimonio (en subasta), lo cual disiparía el temor de los depositantes (evitar corrida) y aportaría jugosos recursos externos. En vez de perder, el país ganaría. ¿Habrá suficiente voluntad política?
