Nuestra democracia nos exige fortalecerla cada vez más. Costa Rica se distingue a nivel mundial como una democracia modelo, donde abolimos el ejército en 1948 y tenemos instituciones sólidas que vigilan y poderes que se limitan mutuamente.
No debe un gobernante atacar directamente al Poder Judicial; lo que sí se vale es exigir respetuosamente una transformación, para lograr mayor productividad.
La democracia es mucho más que el ejercicio periódico del voto; es un sistema de gobierno basado en el respeto a la ley, la garantía de los derechos humanos y la existencia de pesos y contrapesos entre los distintos poderes del Estado. En ese entramado, el Poder Judicial cumple una función esencial: asegurar que el Estado de derecho prevalezca, controlar los excesos del poder y brindar justicia imparcial a la ciudadanía. Su independencia, legitimidad y eficiencia constituyen pilares irrenunciables para la salud de una democracia.
Nuestros gobernantes siempre defendieron la independencia de poderes. José María Castro Madriz, durante su mandato, declaró a Costa Rica república independiente, abolió el título de jefe supremo y fortaleció el Poder Judicial como contrapeso del Ejecutivo.
Ricardo Jiménez Oreamuno decía que “prefería una prensa sin gobierno a un gobierno sin prensa, y un Poder Judicial libre antes que una democracia esclava del Ejecutivo”.
Rafael Ángel Calderón Guardia afirmaba que “el bienestar social debe construirse dentro del orden institucional”. Y José Figueres Ferrer, afirmó: “El respeto a la ley es el cimiento de una democracia viva. Por eso, abolimos el ejército: para que nunca más un fusil silencie a un juez”.
Óscar Arias Sánchez manifestó: “La democracia no es solo un sistema político, es un sistema de valores. Y su defensa comienza en los tribunales, cuando protegen al débil del poderoso”. Arias insistió en que la paz, el respeto a los derechos humanos y la separación de poderes eran pilares inseparables.
Laura Chinchilla Miranda dijo: “La democracia costarricense se ha fortalecido cuando sus instituciones han tenido el coraje de actuar con independencia”.
Costa Rica ha contado con una élite política e intelectual que, en gran medida, ha creído en la centralidad de la ley, las instituciones y el Poder Judicial como fundamento de una democracia sólida. Esa tradición histórica, más allá de errores y retrocesos, ha sido una de las bases que ha permitido a Costa Rica mantenerse alejada de golpes de Estado, dictaduras militares y regresiones autoritarias.
Mora judicial
Ahora bien, no cabe duda de que el Poder Judicial debe sufrir una gran transformación para lograr una justicia pronta y cumplida. Los actuales datos del Poder Judicial de Costa Rica y la Contraloría General de la República, revelan niveles de mora judicial muy preocupantes en varias jurisdicciones.
En materia penal, un proceso ordinario puede tardar de tres a cinco años; en lo civil, un juicio ordinario se demora de tres a siete años; en el campo contencioso-administrativo, la duración es de tres a seis años, y en familia y niñez, en muchos casos se superan los dos años.
El Índice de Congestión (relación entre casos ingresados, tramitados y resueltos) muestra que muchos despachos operan con saturación constante, especialmente en zonas urbanas como San José, Alajuela y Cartago.
Se estima que el Poder Judicial recibe más de 450.000 causas nuevas por año y mantiene más de un millón de expedientes activos, lo cual genera un rezago estructural difícil de atender sin medidas extraordinarias.
Las causas más preocupantes son sobrecarga de trabajo, falta de gestión eficiente, normas procesales complejas, retrasos periciales y forenses, recursos materiales insuficientes, carencia de una tecnología de punta, falta de análisis de tiempos y procesos, seguimientos manuales, falta de interpolaridad en los sistemas, exceso de recursos legales, notificaciones lentas, audiencias mal programadas, infraestructura limitada, falta de digitalización en zonas rurales, carencia de equipos modernos y falta de implementación de la inteligencia artificial en todos los procesos.
No cabe duda de que se requiere tomar medidas urgentes si queremos eficiencia para reducir la mora judicial. De otro modo, seguiremos violando los derechos de esa justicia pronta y cumplida.
La ciudadanía ha perdido la confianza y muchos dicen que la justicia no funciona, lo cual debilita la legitimidad de nuestro sistema. La inseguridad aleja la inversión y afecta nuestra competitividad.
En el ámbito penal, muchos casos prescriben y la gente pierde la fe. En muchos renombrados casos, se habla de la impunidad para los que tienen recursos. En el caso laboral y de familia, muchos se quedan sin ingresos por largos periodos, lo que afecta a gran cantidad de personas.
La mora judicial en Costa Rica es un problema estructural que afecta todas las ramas del derecho en distinto grado. Aunque se han dado pasos positivos en materia tecnológica y normativa, persiste la necesidad urgente de una reforma organizativa, de mayor inversión, automatización y de una gestión profesional de los procesos judiciales. Debemos rescatar el funcionamiento del Poder Judicial y volver a creer.
Y la solución no se logra atacando, sino buscando soluciones integrales con base en la innovación, el análisis constructivo y la simplificación de procesos. Necesitamos compromisos serios del Poder Judicial a corto y largo plazo. Nuestra paz y desarrollo requieren de una reingeniería en el Poder Judicial, institución pilar de nuestra democracia.
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Jorge Woodbridge es ingeniero.