El país atraviesa una encrucijada en cuanto a las concesiones existentes. Hay tres de ellas que vencen en el corto plazo, que habría que ver si se renuevan o si se adjudican a un nuevo operador. Esto en el marco de una enorme necesidad de mejorar y ampliar los servicios que brindan.
Una alternativa es hacer una licitación abierta para escoger un nuevo concesionario que se encargue del servicio cuando termine el contrato actual. Esta tiene la desventaja de que pospondría cualquier inversión en materia de ampliación hasta el inicio del nuevo contrato. Me parece que el país no se puede dar el lujo de esperar mucho tiempo para ver ampliados Caldera, la 27 y el aeropuerto.
Negociar con el actual concesionario, para que este haga la inversión en la ampliación de la infraestructura, a cambio de alargar el plazo de la concesión, es otra alternativa. Esto permitiría empezar las obras en relativamente poco tiempo. Pero, a cambio, el gobierno entraría en desventaja a negociar el nuevo contrato. El concesionario, al no tener una amenaza de perder la concesión, podría exigir condiciones muy favorables para sí mismo.
Otra opción es rescindir el contrato con el concesionario actual, y que el gobierno se encargue de operar la infraestructura y de hacer las nuevas inversiones. Aparte de la millonaria indemnización que habría que pagarle al concesionario, dinero que el Ejecutivo no tiene, la experiencia nos demuestra que la calidad del servicio tiende a ser mejor cuando una empresa privada opera este tipo de proyectos. Puerto Caldera es hoy varias veces más eficiente que cuando lo operaba el Estado. El aeropuerto también. La ruta 27, por más que el ministro Amador diga que “el pueblo” está muy insatisfecho con su operación, sigue siendo una mejor carretera que la 1 (Cambronero), la 2 (Cerro de la Muerte) y la 32 (Zurquí), todas operadas por el gobierno, en términos del porcentaje de horas durante las cuales no está interrumpido el paso por derrumbes o reparaciones.
Lo que está claro es que dejar todo para última hora, como sucedió con la inspección vehicular, no es una alternativa. No vale la pena quedarse sin servicio por varias semanas, para luego terminar adjudicándolo a un nuevo concesionario, al mismo precio del anterior. Eso no se puede repetir en las otras tres concesiones. Sería caótico tener cerrado, por más de un día, el puerto de Caldera, la ruta 27 o el aeropuerto Juan Santamaría.
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El autor es economista.
