A inicios de los setenta, Chile se asemejaba mucho a la Venezuela de hoy: la pobreza afectaba a más del 50 % de la población, había escasez de alimentos y la inflación superaba el 500 % anual. El creciente autoritarismo de un presidente socialista llevó al país al borde de una guerra civil y a la posterior instauración de una cruenta dictadura militar.
La transformación económica –y posteriormente política– de Chile coincide con un ambicioso proceso de liberalización económica que arrancó en 1975 y continuó tras el regreso de la democracia en 1990. Hoy, Chile es el país más desarrollado de América Latina, con un ingreso per cápita promedio de $24.000. También es la nación que mayores avances ha tenido en reducción de la pobreza –11,7 % de la población en el 2015– y aumento de la movilidad social. Incluso la desigualdad, un viejo flagelo de esa sociedad andina, ha caído sostenidamente en los últimos 17 años.
No sorprende entonces que en años recientes muchos chilenos llegaran a la conclusión de que su país ya había alcanzado el desarrollo y que, por lo tanto, el énfasis debía centrarse en la redistribución de la riqueza. De tal forma, Michelle Bachelet regresó al poder en el 2014 con la misión de reemplazar el actual modelo liberal por uno de mayor intervención estatal. Sus políticas se centraron en aumentar impuestos, incrementar el gasto público –incluyendo la paulatina gratuidad de la educación superior– y darle más poder a los sindicatos.