Mi hija menor es maestra de preescolar. El lunes 29 de mayo, circulaba en su vehículo por barrio México y vio a un grupo de estudiantes de colegio rodeando a dos adolescentes en una pelea.
Ella, al ver que la pelea no se detenía, sino que más bien era azuzada por los espectadores y al estar uno de los muchachos seriamente golpeado, se detuvo y, a riesgo de que la agredieran, les pidió enérgicamente que se detuvieran. Los adolescentes, ante la actitud decidida de ella, pararon momentáneamente y le preguntaron qué le pasaba.
Ella les respondió que no iba a permitir que continuaran agrediéndose, les exigió separarse y les dijo que no se movería de donde estaba hasta que se alejara uno de los grupos que se habían formado para apoyar a uno de los peleadores. Ella logró su propósito, esperó 15 minutos y se fue.
Mi hija consultó a otros profesionales si sabían qué hacer en estos casos, y todos le manifestaron que fue muy arriesgada, porque pudo haber terminado lastimada, ya que los niveles de violencia que existen ahora son así y es mejor pasar de largo.
Sin embargo, ante su insistencia de que algo hay que hacer, le aconsejaron llamar al 911, donde, a su vez, le recomendaron denunciar la situación en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Ella lo hizo y le contestaron que tomaban nota y la llamarían para dar seguimiento al caso. Insatisfecha por la falta de acción, fue al día siguiente a hablar con el director del colegio para informar lo ocurrido y para que tomara medidas. Si bien el director se mostró receptivo, terminó enojado porque los hechos se dieron fuera del colegio y, según su criterio, son los padres de familia quienes deben presentar la queja o denuncia, con lo cual quiso descalificar a mi hija y tratar de no involucrarse en el asunto.
Justicia punitiva
El martes siguiente, la ministra y el viceministro de Planificación del MEP comparecieron ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios para respaldar el indefendible traslado de fondos de su Ministerio al de Seguridad.
El argumento esgrimido es que con ese dinero mejorará la seguridad en los colegios, porque “estamos viviendo una realidad” que ambos califican de exclusión pasiva de estudiantes que van al sistema educativo, “pero no van a clases, van a traficar drogas”.
Los jerarcas citaron que en el 2022 hubo más de 1.900 denuncias por violencia física, portación de armas blancas y venta de drogas en centros educativos. Además, que en cuatro años se realizaron 22.000 decomisos de drogas a menores de edad y que no era solo marihuana, sino también crack, cocaína y drogas sintéticas.
El viceministro agregó “que el fenómeno se concentra en 810 centros educativos en zonas de alto desempleo y pobreza, y que en el 2022 un total de 35.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo” (La Nación, 8/6/2023).
El diagnóstico del viceministro es impactante y descorazonador, pues soslaya que las carencias estructurales son el origen de sus datos, y pensar que recortando el presupuesto de educación iba a hallar la solución es incomprensible, cuando debería ser todo lo contrario. Más aún, es sorprendente que la respuesta que se pretende sea más justicia punitiva como solución a la problemática social.
La actitud del MEP contrasta con la de mi hija, quien en su papel de educadora dio a los estudiantes de secundaria una lección, ya que con actitud firme y respetuosa, aunque peligrosa para ella, impuso límites claros que los adolescentes supieron acatar.
Otros mecanismos
Tres cosas son esenciales para interactuar positivamente con los adolescentes: el afecto, el respeto y la fijación de límites razonables y flexibles, de conformidad con la etapa de maduración.
Estos últimos son significativos para marcar bien la cancha, a fin de contribuir a establecer un punto de referencia que el adolescente necesita y demanda como parte de su desarrollo saludable.
Pensar que la violencia y el consumo y tráfico de drogas en el sistema educativo se resuelve con más medidas policiales es desconocer la realidad que nos aqueja, es decir, desigualdad, falta de oportunidades, debilidades en la coordinación e intervención interinstitucionales y un sistema educativo expulsivo, odiosamente academicista que desconoce las potencialidades de los adolescentes en otros campos, como son el deporte, las artes y la participación social.
Desatender todo esto, sumado al abandono de la salud escolar preventiva, nos pasa ya la factura, y no pareciera haber comprensión de esta compleja situación.
Alberto Morales Bejarano es médico pediatra, fue fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años. Siga a Alberto Morales en Facebook.
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