EscucharDiputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Nueva República (PNR) y Frente Amplio (FA) criticaron al Ministerio de Hacienda por plantear recortes a la educación para financiar un presupuesto extraordinario del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Las críticas en la comisión de Hacendarios, donde se discute el plan, se enfocaron en los recortes de ¢1.900 millones del presupuesto de transporte estudiantil, aunque también cuestionaron el traslado de ¢1.500 millones de expropiaciones del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) al MSP.
“El recorte presupuestario en transporte es grande y afecta principalmente a zonas rurales. No me parece correcto que, por una falta de ejecución del Ministerio de Educación Pública (MEP), se esté castigando a las zonas rurales con el transporte estudiantil”, señaló Sonia Rojas, del PLN,.
Rojas llamó a “jalarle la chaqueta” a la jerarca del MEP, Anna Katharina Müller, por la falta de ejecución de los recursos y consideró que no es desfinanciando la educación que se cura el problema de inseguridad ciudadana.
José Pablo Sibaja, de Nueva República, añadió que no se vale desvestir un santo para vestir a otro. Recordó que el Ministerio Hacienda dijo anteriormente, en ese mismo foro, que hacían falta ¢23.000 millones para subsidiar el transporte estudiantil, pero que ahora habría recursos de sobra.
LEA MÁS: ¿De qué partidas saldría el dinero para el presupuesto extraordinario de Seguridad?
El presupuesto extraordinario en discusión destinaría ¢5.964 millones al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para abrir 300 plazas y financiar insumos básicos, así como ¢35,6 millones al Ministerio de Justicia y Paz para el pago de pólizas de responsabilidad civil de sus policías.
El MEP aporta ¢3.200 millones de la rebaja de sus programas, mientras que el MOPT, ¢2.800 millones.
Jonathan Acuña, legislador del FA, aseguró que sería inconstitucional recortar los fondos del MEP porque estos no alcanzan el 8% del producto interno bruto (PIB) que constitucionalmente se debe destinar a educación.
“Ustedes en este presupuesto pretenden recortar aún más los recursos correspondientes al título 2010 del Ministerio de Educación. Hay un conocimiento transparente y claro de que es inconstitucional no dedicar esos recursos a inversión en educación”, planteó Acuña.
Agregó que no invertir ahora en educación es dejar invertir en seguridad a futuro, por lo que llamó a buscar recursos en otros rubros.
Los argumentos de Hacienda
Priscilla Zamora, viceministra de Ingresos de Hacienda, indicó que los traslados de recursos constituyen un asunto de urgencia, y que el transporte estudiantil no ha quedado desfinanciado.
Agregó que los ¢1.900 millones del MEP son recursos que no han sido asignados por demoras en el proceso de contratación del servicio de transporte para centros educativos de este año.
“Estamos en todo un proceso que requiere seguir sus etapas, además de establecer un modelo tarifario . La seguridad ciudadana es base, un pilar para todas las demás políticas públicas”, respondió la viceministra.
José Luis Araya, director general de Presupuesto Nacional de Hacienda, añadió que los 6.562 estudiantes que recibirían el subsidio para transporte con el dinero del ajuste lo están percibiendo desde principios de año por medio de las juntas de educación.
Araya les recordó a los diputados que cuando se definió otorgar un 8% del PIB a la educación, no se tomó en cuenta la fuente de financiamiento. Además, dijo, ahora existe la regla fiscal que contiene el crecimiento del gasto público.
Zamora y Araya explicaron que el dinero de expropiaciones del Conavi es un sobrante de la Circunvalación Norte, en donde los terrenos necesarios resultaron ser más angostos.
Marta Acosta, contralora general de la República (CGR) indicó que el presupuesto extraordinario no impacta las metas fiscales del Gobierno, ni la regla fiscal que, para este año, impone un tope del 2,56% al crecimiento del Presupuesto Nacional.
Añadió que el uso de espacios fiscales dentro del presupuesto es buena práctica que garantiza la provisión de servicios a la ciudadanía, sin que signifique riesgo para sostenibilidad fiscal.
La contralora dijo que, si bien el traslado de recursos del transporte estudiantil implicaría que no se pueda implementar el subsidio, la unidad dentro del MEP encargada del programa indicó que no es posible ejecutar se contenido presupuestario.
Algo similar ocurrió desde el año 2020, agregó la contralora, cuando la ejecución bajó significativamente.
En el 2020 fue de ¢1.000 millones, en 2021 de ¢5 millones y en 2022 de ¢11 millones. Un informe de la CGR, recordó Acosta, indicó que los recursos presupuestados para transporte estudiantil cubren solo el primer semestre del 2023.
Es necesario que se completen los dineros para el siguiente semestre del año, recomendó la contralora. De lo contrario, la situación podría incidir en los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo que plantea para este año incrementar en 2% el número de estudiantes con ese subsidio.
En tanto, sobre el dinero del Conavi, esta institución dijo que afronta carencias recursos, y la rebaja haría que el contenido presupuestario para este año resulte insuficiente para cubrir necesidades institucionales.
Sin embargo, Conavi agregó que acata la solicitud de Hacienda al amparo del principio obediencia para solventar un tema de seguridad nacional.
