Cuando el miércoles, durante su visita a Limón, el presidente Rodrigo Chaves manifestó la intención de renegociar con el gobierno chino —no la empresa constructora, que es la contraparte legal— el contrato para ampliar la ruta 32, añadió lo siguiente: “Necesitamos que la Contraloría General de la República nos ayude y nos refrende cualquier cosa que podamos lograr de esa negociación”. ¿El propósito? También en sus palabras: “...avanzar sin retardarnos un minuto”.
Me temo que, por la vía anunciada, lejos de evitar retrasos, se sumarán muchos más y, de nuevo, los limonenses y el resto del país quedaremos frustrados. La razón es simple: por su ley orgánica, por el deber y por la autoridad que asisten a sus funcionarios, la Contraloría no puede refrendar “cualquier cosa”. Al contrario, solo puede y debe avalar lo que cumpla con las normas existentes en el marco del Estado de derecho, la Constitución y la seguridad jurídica que emana de ellos.
Si el mandatario hubiera pensado bien sus palabras, quizá habría dicho algo como lo siguiente: “Negociaremos de forma tan profesional, rigurosa, experta, apegada a derecho y respetuosa de la legalidad, que la Contraloría no tendrá objeciones. Por ello, refrendará el resultado, avanzaremos con rapidez y lograremos, al fin, concluir la obra en las mejores condiciones posibles”.