¿Es el cemento chino el mayor escándalo de corrupción en la historia del país? Eso es al menos lo que gente afín al PLN quiere hacernos creer. Pero lo cierto es que la trama del cemento chino simplemente ha venido a exponer la manera en que por muchos años se han hecho negocios en Costa Rica. La enorme publicidad que ha recibido este caso –en comparación con otros– radica en que ahora hay una cruenta guerra por el control del aparato estatal, el cual es una fuente infinita de riquezas mediante el tráfico de influencias y la venta de favores.
Por décadas, los cuantiosos recursos y enormes poderes del Estado estuvieron al servicio de un duopolio político (PLN-PUSC) que se las ingenió para repartirse el botín. La ley 4-3 para la asignación de puestos en juntas directivas fue el epítome de este entendimiento, que trascendió los cargos en instituciones autónomas y bancos estatales para incluir el nombramiento de magistrados en el Poder Judicial.
Nunca podremos cuantificar la magnitud de los desfalcos de antaño. Pero sí sabemos que muchas fortunas se concibieron a la sombra de Codesa –la desastrosa aventura empresarial del Estado–, de la manipulación del tipo de cambio, de los mercados cautivos, del acceso preferencial a créditos de la banca estatal, y de subsidios, exenciones y subvenciones a grupos empresariales (¿quién no recuerda los infames CAT, por ejemplo?) Esos eran los años en que los poderes económico y político guardaban una fructífera –pero discreta– relación transaccional.