La gran mayoría de los estudios comparativos sobre los países que han logrado crecer sostenidamente, y con ello han disminuido la pobreza de manera significativa, señalan que la inserción en la economía mundial es uno de los principales factores que explican su éxito.
Esto es especialmente cierto para economías muy pequeñas, como la nuestra, donde es imposible crecer de manera sostenida mirando únicamente hacia adentro.
El abrirse a la economía mundial implica la obligación de ser muy eficientes en el uso de los recursos. La competencia internacional es feroz. Pero precisamente esa competencia y la búsqueda constante de la eficiencia es lo que hace que la producción y los ingresos crezcan rápidamente.
A partir de la gran crisis económica de inicios de los ochenta, Costa Rica le apuesta a insertarse en la economía mundial como estrategia para recuperar la senda del crecimiento. Este proceso ha sido “a la tica”: de manera lenta e incompleta. Si bien ha habido apertura al comercio internacional y se han eliminado gran parte de las intervenciones distorsionantes del Estado, aún quedan algunos vestigios de protección para unos pocos productos y subsidios para algunos sectores.
Donde sí nos hemos quedado muy cortos, en este proceso de apertura, es en lo que atañe a la modernización del Estado. Mientras que a las empresas ticas se les lanza a competir cara a cara con las internacionales, y se les obliga a ser eficientes o morir en el intento, el Estado costarricense no ha atravesado por el mismo proceso.
No tengo que escribir acá ningún ejemplo de las ineficiencias, las carencias y los vicios del Estado, ya que Ottón Solís los describió muy claramente en su artículo del miércoles pasado en la sección de Opinión de este periódico.
Mucho de lo que hace el Estado costarricense, lo hace mal. Las consecuencias de ello son nefastas. La mala gestión de recursos por parte del Poder Ejecutivo es causa importante del déficit fiscal. Los gastos son mucho mayores que los impuestos que la economía es capaz de absorber. El mal uso de los recursos se refleja en la calidad deficiente de los servicios públicos y en la baja inversión.
Producto de ello, las familias pobres no reciben la ayuda que esperan y la capacidad productiva del país se ve mermada. Finalmente, la ineficiencia en las instituciones autónomas es trasladada al público por la vía del aumento de tarifas. Por eso Costa Rica se ha convertido en un país caro para vivir y para producir. Urge la revolución que menciona don Ottón en su artículo.
(*) Luis Mesalles obtuvo su doctorado y maestría de Economía en The Ohio State University y su bachillerato en Economía en la Universidad de Costa Rica. Actualmente, es socio-consultor de Ecoanálisis y gerente de La Yema Dorada. Participa en varias juntas directivas. Anteriormente, fue vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, presidente de Academia de Centroamérica, profesor en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Stvdium Generale.
