Mientras discutimos cómo financiar las pensiones y atender a una población adulta mayor cada vez más numerosa, hay una pregunta no menos importante que merece respuestas: ¿quién se está haciendo cargo de los adultos mayores que necesitan asistencia cotidiana?
Una parte importante de la respuesta sigue estando en los hogares. Y ese cuidado puede tener un costo económico que rara vez aparece en las estadísticas: limitar o impedir que el cuidador obtenga ingresos por su trabajo para contribuir al sostenimiento económico de su familia.
En el primer trimestre de 2026 había 1,97 millones de personas fuera de la fuerza de trabajo, 118.000 más que un año antes. De ellas, 1,25 millones eran mujeres y 717.000 hombres. La tasa de no participación fue de 58,4% entre las mujeres, frente a 33,4% entre los hombres.
La Encuesta Nacional de Hogares permite aproximarnos a la dimensión del cuidado dentro de las familias. En 2025, 805.453 personas declararon haber dedicado tiempo, durante la semana anterior, al cuidado de niños, personas adultas mayores o personas con discapacidad que forman parte de su propio hogar. Esa cifra equivale al 17,1% de las personas de 12 años o más incluidas en esta medición.
La misma encuesta permite observar otra realidad: personas que permanecen fuera del mercado laboral debido a sus responsabilidades familiares.
En 2025, el 13,8% de los hogares costarricenses presentaba esta situación dentro del Índice de Pobreza Multidimensional. Para que un hogar sea considerado en esta categoría, debe tener al menos una persona de entre 15 y 74 años que esté fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares y, además, presentar una alta dependencia económica.
En los hogares que ya se encontraban en pobreza multidimensional, la proporción aumentaba al 22,7%. Según el INEC, en la mayoría de estos casos, existe al menos una mujer que quisiera trabajar, pero no puede hacerlo debido a obligaciones familiares, entre ellas el cuidado de otras personas.
Aquí aparece una dimensión que merece mayor atención: el costo previsional del cuidado.
Cuando una persona que cotiza deja de trabajar para cuidar a un familiar, no solamente pierde ingresos. También deja de realizar cotizaciones durante ese periodo y puede acumular menos cuotas para su propia pensión.
Este asunto adquiere mayor importancia en una sociedad que envejece. El FMI estima que la proporción de personas de 65 años o más respecto de la población de 15 a 64 años –la denominada tasa de dependencia demográfica de las personas adultas mayores– aumentará del 18% en 2025 al 41% en 2050. Según el organismo, este cambio demográfico reducirá el tamaño relativo de la población en edad de trabajar y aumentará la presión sobre los sistemas de pensiones y de salud.
Si el envejecimiento hace que aumente la necesidad de cuidados y una parte de esos cuidados continúa siendo asumida gratuitamente por familiares que deben reducir o abandonar su participación laboral –aunque algunas familias complementan su presupuesto con la pensión de sus adultos mayores–, podría aparecer una presión adicional: menos cotizaciones hoy y menores derechos previsionales para algunos cuidadores mañana.
La persona que deja de trabajar para cuidar a sus padres o a otro familiar puede llegar a su propia vejez con menos cuotas, una pensión menor y, eventualmente, enfrentar la necesidad de una pensión del Régimen No Contributivo, el cual actualmente sufre importantes limitaciones presupuestarias.
Así, el costo del cuidado podría aparecer dos veces: primero, en los ingresos y cotizaciones que se dejan de percibir durante los años dedicados al cuido; después, eventualmente, en una mayor necesidad de protección social del propio cuidador: un círculo que perpetúa la pobreza entre generaciones.
La pregunta ya no debe ser solamente cuánto costará financiar las pensiones de una población que envejece.
También debemos preguntarnos cuánto le cuesta a la sociedad el trabajo de quienes cuidan a esa población y qué consecuencias tendrá para sus propias pensiones el hecho de que ese trabajo se realice fuera del mercado laboral.
El cuidado es indispensable, pero si continúa descansando fundamentalmente sobre las familias, debemos conocer su verdadero costo económico y previsional.
El mercado ha visto en esto una oportunidad de negocio, pero los proyectos que han logrado desarrollarse están orientados a personas o familias de altos ingresos, fuera del alcance de la clase media, donde hay un nicho aún no aprovechado.
Las personas de bajos recursos dependerán del asistencialismo que el Estado pueda brindarles –lo que aumentará la presión sobre el gasto público– y de que las propias comunidades puedan organizarse para establecer centros de asistencia diurnos aprovechando la utilización de inmuebles propiedad de las municipalidades, Juntas de Educación, el MEP o iglesias locales.
Los adultos mayores no solamente necesitan pensiones. Muchos necesitan o necesitarán cuidados. Pero necesitamos poder hacerlo sin sacrificar la propia seguridad económica y la calidad de vida de los cuidadores, en particular de las mujeres, que son las que tradicionalmente han asumido este rol dentro de las familias.
yannisterloff@gmail.com
Yanni Sterloff es abogado especialista en regulación de los mercados financieros y pensiones.
