En el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026, recién presentado por la administración Chaves, se incluyen una serie de metas. Estas nos dan una idea de hacia dónde pretende llevar el gobierno al país durante los próximos cuatro años. Además, al tener metas numéricas, se cuenta con una herramienta muy poderosa para generar cambios. Lo que no se mide no se mejora.
Sin embargo, al analizar el plan, queda la impresión de que las metas que se autoimpone el gobierno son poco ambiciosas. En general, lo pretendido no es muy diferente a lo que se tenía antes de la pandemia. Por ejemplo, que la producción crezca entre un 3 y un 4% anual equivale a alcanzar un nivel ligeramente menor al promedio de los 10 años anteriores a la pandemia. Que el porcentaje de hogares pobres sea del 19,5% en el 2026 rompería la barrera del 20% que tanto ha costado, pero apenas por un poco. Reducir el desempleo al 9,5% equivale a volver al nivel del 2016.
Además, no se habla de porcentajes de ocupación (gente que sí tiene trabajo) o de una meta de mayor porcentaje de participación de las mujeres en la fuerza laboral, que son indicadores más relevantes para medir la mejora en las oportunidades de empleo para la población.
