Columnistas

El peor escenario electoral en Nicaragua

Sin garantías y sin libertades, con Estado policial y sin competencia política se consumará la tercera reelección consecutiva de Ortega

«Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible», afirmó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para referirse a la falta de garantías electorales, el endurecimiento del control del FSLN sobre el aparato electoral, el nombramiento de diez magistrados leales a Daniel Ortega y la ausencia de observación electoral.

Se trata, además, de una elección bajo Estado policial, con presos políticos y sin libertades públicas. Pero al consumarse la división de la oposición entre la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) y la Coalición Nacional, el escenario electoral puede ser incluso peor que el descrito por el secretario general de la OEA.

Este martes, el Consejo Supremo Electoral suspendió sin ningún asidero legal la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), eliminando de la competencia política a la Coalición Nacional que había formado una «alianza de hecho» con este partido.

Mientras el Frente Sandinista concurrirá a la elección como primera minoría política, la oposición que se disputa a la mayoría política azul y blanco irá debilitada por la división, y cinco partidos colaboracionistas encabezados por el PLC del expresidente Arnoldo Alemán están listos para cosechar los votos que les asigne la maquinaria oficialista.

Al eliminar el FSLN la segunda vuelta en la Ley Electoral, la ventaja competitiva de la primera minoría es mucho mayor cuando, además de controlar el poder electoral desde los magistrados hasta las juntas receptoras de votos, se vislumbra una tendencia a la dispersión opositora.

Ortega solo necesita declarar 10, 100, 1.000 o 10.000 votos por encima del partido del segundo lugar para reelegirse en la presidencia. La oposición, en cambio, necesita obtener, por lo menos, una ventaja irrefutable de 200.000 votos sobre el FSLN para lograr una ventaja aún mayor de 750.000 votos en la elección legislativa, para defender su derecho a gobernar con mayoría calificada en el Parlamento.

Por ello era imperativa la unidad o alianza electoral de los principales actores de la oposición —Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco, Movimiento Campesino, ACxL, PRD, Alianza Ciudadana, Coalición Nacional— en una sola casilla.

Votos necesarios. Según las proyecciones de todas las encuestas, solamente con este esquema de unidad nacional, un candidato presidencial único y una lista consensuada de candidatos a diputados, la oposición podría lograr un alto grado de participación electoral para derrotar a Ortega y obtener mayoría calificada en la Asamblea para desmontar las estructuras de la dictadura.

Sin embargo, sea por arrogancia, sectarismo o ineptitud política, la alianza electoral fue descartada, alegando de forma temeraria que las otras fuerzas eran prescindibles, pues el 7 de noviembre el «voto útil» de la oposición se inclinará por Ciudadanos por la Libertad (CxL) y su candidato porque es «la casilla más segura».

Como respaldo a esta teoría se cita 1990, cuando el voto antisandinista derrotó al FSLN con mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, como candidata de la coalición UNO, y 1996, cuando el voto se concentró en el candidato del PLC, Arnoldo Alemán, no obstante la existencia de más de 10 opciones opositoras; pero nada de esto ocurrió en el 2006, cuando la división del mayoritario voto anti-FSLN facilitó el triunfo de Ortega en primera vuelta.

La eliminación de la Coalición Nacional de la competencia electoral, ordenada por Daniel Ortega, es un golpe contra los movimientos autoconvocados que surgieron en las protestas de abril del 2018, demandando la salida de Ortega y Murillo del poder y una democratización profunda, con justicia y sin impunidad.

Ortega y el FSLN no solamente tienen el control del poder electoral, desde los magistrados hasta las juntas receptoras para contar los votos, sino que ahora van a decidir quiénes son los contrincantes a los que les permitirán participar, bajo las condiciones y las reglas de la dictadura.

Discrecionalidad de la dictadura. Es también un golpe mortal a la credibibilidad del proceso electoral, que coloca en una encrucijada al bloque opositor de la Alianza Ciudadana, cuya casilla electoral también está siendo amenazada por la discrecionalidad de la dictadura.

En el peor escenario electoral posible, en Nicaragua no hay garantías electorales, libertades públicas, ni competencia política. Por tanto, si de verdad los líderes opositores quieren intentar la última posibilidad de hacer una «alianza de hecho» para derrotar a Ortega, deberían empezar por acordar una estrategia de unidad en la acción para relanzar la protesta cívica hasta conseguir la suspensión del Estado policial.

La realización de debates televisivos y encuestas de opinión sobre las fortalezas de los candidatos para unir al país y gobernar en democracia son insumos vitales para seleccionar al candidato presidencial y a los diputados. Sin embargo, para devolver la esperanza a la mayoría azul y blanco en el derecho al voto, ahora con la oposición dividida y la Coalición Nacional excluida de la competencia politica, no bastan los debates ni las encuestas, sino que es imperativo relanzar la resistencia cívica.

Ese es el verdadero desafío de los precandidatos presidenciales, los inscritos en la Alianza Ciudadana, los excluidos y los independientes, para perfilar el liderazgo de un «candidato único» que una a la oposición en la crisis nacional.

Si en los próximos 60 días de pre campaña electoral el pueblo no recupera plenamente la libertad de movilización, tendremos elecciones casa por cárcel con actos de la oposición enjaulados por la custodia de la policía orteguista.

Por ello, la única salida radica en recuperar y ejercer plenamente el derecho a la libertad de movilización y lograr la suspensión del Estado policial. Solo entonces, la oposición y su candidato podrían presionar por una reforma electoral y decidir, en igualdad de condiciones, si van a ir a unas elecciones competitivas sin garantías.

De lo contrario, en las elecciones del 7 de noviembre, se consumará la tercera reelección consecutiva de Ortega y el país quedará al borde del abismo de la ilegitimidad.

carlosf.chamorro@confidencial.com.ni

El autor es periodista nicaragüense.