El Consejo Supremo Electoral (CSE) "resolvió cancelar la personería jurídica al PRD", dijo a la prensa el presidente de la agrupación, Saturnino Cerrato, tras recibir la notificación. Sin personería jurídica, el partido no puede presentarse a elecciones y quienes se aliaron con ellos también salen de carrera.
El PRD pretendía representar a un sector de la oposición agrupado en la Coalición Nacional (CN), compuesto por la disidencia sandinista y varios movimientos que fueron claves en las protestas del 2018, en las que exigieron la renuncia del socialista Ortega, en el poder desde 2007.
Según Cerrato, el CSE dijo haber tomado la decisión tras una impugnación presentada el lunes por un grupo de pastores contra el PRD, un partido evangélico.
El líder del PRD explicó que unos "supuestos pastores" evangélicos lo acusaron de unirse a sectores de oposición que apoyan temas como el aborto y el respeto a las minorías sexuales, que ellos consideran "incompatibles" con sus valores cristianos.
Los denunciantes no tenían facultades para pedir la suspensión del partido, porque no forman parte de él, señaló Cerrato.
Las resoluciones del CSE son "inapelables", explicó, y el bloque quedó fuera de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo 7 de noviembre.
"Este es un proceso electoral totalmente deslegitimado con la inhibición de la principal fuerza política de oposición, cuyos integrantes han tenido un papel relevante y decisivo en las protestas" del 2018, protestó uno de los miembros de esta alianza, la Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformada por disidentes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Con la salida del PRD, la oposición tendrá solo en competencia a la alianza Ciudadanos por la Libertad (CXL), integrada por un partido indígena y sectores de derecha.
El sandinismo, por su lado, participará con la alianza "Unida Nicaragua Triunfa", que no descarta postular a Ortega, de 75 años, para un cuarto mandato sucesivo.
Su gobierno ha sido sancionado por Estados Unidos, que lo acusa de corrupción y violaciones de los derechos humanos en protestas opositoras.
Para el ejecutivo de Ortega, las protestas de 2018 constituyeron un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos.
Los candidatos deben definirse en julio.
Para la opositora Unamos, el gobierno ha “marcado este proceso electoral con múltiples trampas y amenazas”.
